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ANTISEMITISMO

Vanina Biasi fue procesada por comparar a Israel con el nazismo

El fallo reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la lucha contra la discriminación en Argentina.

Vanina Biasi fue procesada por comparar a Israel con el nazismo

La Cámara Federal porteña confirmó por unanimidad el procesamiento de la ex diputada nacional Vanina Biasi, acusada de incitación a la discriminación por sus dichos contra el Estado de Israel. En el mismo fallo, se ratificó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes.

El caso se inició tras una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, quien consideró que varios posteos de Biasi en la red social X (ex Twitter) promovían discursos de odio y discriminación religiosa, en violación del artículo 3 de la ley 23.592, que penaliza actos discriminatorios.

Entre noviembre de 2023 y enero de 2024, Biasi realizó al menos ocho publicaciones que fueron incorporadas como pruebas. En ellas, comparó directamente al Estado de Israel con el régimen nazi: “Los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria para que el exterminio se acelere”, escribió en una de las publicaciones.

En otra, afirmó: “El Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología”.

También calificó al sionismo como “genocidio” y “apartheid”, y acusó a Israel de aplicar “colonialismo, racismo, exterminio y desplazamiento” en sus operaciones militares en Gaza.

La Sala I de la Cámara Federal —integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— coincidió en que los mensajes de Biasi excedieron los límites de la libertad de expresión, transformándose en una forma de incitación al odio y la discriminación.

El juez Llorens subrayó que en el ecosistema digital actual, los mensajes “se descontextualizan y masifican”, perdiendo matices y generando impactos amplificados. Bruglia y Bertuzzi añadieron que el lenguaje utilizado por Biasi “banaliza eventos traumáticos” como el Holocausto, lo cual puede estigmatizar a toda la comunidad judía, más allá de las intenciones declaradas.

La defensa de Biasi sostiene que sus expresiones constituyen una crítica legítima al Estado de Israel y al sionismo, sin intenciones discriminatorias contra el pueblo judío. Remarcan la diferencia entre antisionismo y antisemitismo y denuncian que la causa judicial representa un intento de censura.

En apoyo a esta postura, presentaron informes de historiadores y el respaldo de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Asociación Argentina de Juristas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Sin embargo, para los jueces, el uso reiterado de comparaciones con el nazismo y el tono de los mensajes “trascienden la crítica política” y reproducen estigmas asociados al antisemitismo moderno.

La causa judicial incluyó dictámenes y testimonios de entidades y referentes especializados:

  •     El Centro Simón Wiesenthal presentó un informe que respalda la imputación.
  •     El diputado Alejandro Finocchiaro, embajador ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, ofreció su testimonio.
  •     El juez Marcelo Fiumara, especialista en antisemitismo, también declaró en la causa.
  •     La DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), constituida como querellante, calificó las publicaciones como parte de los “clásicos estigmas del antisemitismo moderno”.

Además, se sumaron informes del Observatorio por la Lucha contra el Antisemitismo de la UBA y presentaciones del Museo del Holocausto de Buenos Aires.

El procesamiento de Vanina Biasi abre nuevamente el debate sobre los límites de la libertad de expresión en un contexto de creciente polarización política y redes sociales convertidas en arenas públicas.

Para la Justicia, si bien el derecho a expresarse libremente es fundamental, no es absoluto y debe respetar otros derechos, como el de vivir sin ser objeto de odio o discriminación.

El fallo pone el foco en cómo ciertos discursos públicos, especialmente cuando los emite una figura con responsabilidad institucional, pueden tener efectos nocivos más allá del ámbito político.

El juez federal Daniel Rafecas ya podría dar por concluida la etapa de instrucción y elevar el caso a juicio oral. El delito por el que se acusa a Biasi prevé penas excarcelables que van de un mes a tres años de prisión.

El embargo por 10 millones de pesos fue ratificado como proporcional a la gravedad del hecho, los costos procesales y la posibilidad de afrontar la defensa con recursos propios.

Las reacciones ante el procesamiento de Biasi no se hicieron esperar. Desde sectores afines a los derechos humanos expresaron preocupación por lo que consideran una criminalización de la opinión política, mientras que desde otras voces se valoró el fallo como una defensa clara contra el antisemitismo.

El caso impacta de lleno en un contexto global de creciente sensibilidad por los discursos de odio y la discriminación, especialmente vinculados al conflicto entre Israel y Palestina.

El caso Vanina Biasi invita a una reflexión profunda sobre los límites del discurso público. ¿Hasta qué punto se puede criticar a un Estado sin caer en estigmatizaciones peligrosas? ¿Dónde termina la crítica legítima y comienza el odio?

La Justicia argentina ha dejado una postura clara: el derecho a expresarse debe ejercerse con responsabilidad, especialmente cuando se utilizan símbolos traumáticos como el Holocausto o el nazismo, que no sólo tienen un peso histórico, sino emocional y cultural para millones de personas.

 


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