En un fallo histórico, la Justicia salteña condenó a 17 personas por su participación en una organización narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1 de Salta, en Villa Las Rosas. Entre los involucrados hay ocho funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, quienes recibieron penas de entre 1 y 19 años y medio de prisión.
Durante diez semanas de audiencias, el Tribunal de Juicio de la Sala VII analizó pruebas contundentes presentadas por la Unidad Fiscal, que demostraron el funcionamiento de una red delictiva con jerarquías, funciones específicas y beneficios económicos sostenidos. La organización tenía dos fines: la venta sistemática de drogas dentro del penal y la aplicación de exacciones ilegales mediante amenazas o abusos de autoridad.
Las penas más altas recayeron sobre los funcionarios penitenciarios Francisco Arturo Bisceglia (10 años y 6 meses), Sergio Moya (10 años), José Luis Alarcón (8 años) y Raúl Arjona (7 años), todos considerados responsables de comercialización agravada de estupefacientes, exacciones ilegales y asociación ilícita.
Por el lado de los internos, el caso más relevante fue el de Manuel Méndez, quien recibió una condena unificada de 19 años y 6 meses. También fueron condenados su hermana María Inés Méndez (9 años) y otros implicados como Héctor Banega, Ivana Gutiérrez, María Cristina Galindo y Nicole Luna, esta última con prisión domiciliaria.
La acusación, llevada adelante por el procurador Pedro García Castiella junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, apuntó directamente a la descomposición institucional dentro del penal, al señalar que el sistema funcionaba con privilegios, extorsiones y prácticas corruptas que afectaban los derechos de los detenidos.
La causa puso en evidencia la falta de controles reales dentro del Servicio Penitenciario y dejó al descubierto cómo sectores del Estado fueron cooptados para sostener un entramado delictivo que se extendió durante años sin ser desbaratado.
Otros condenados fueron Luis Castaño, Matías Bucotich, Rubén Guaymás, Marcelo Olguín, Patricia Flores, Baldomero Córdoba (pena condicional) y Andrea Alba, cuya sentencia se unificó en 8 años y 2 meses por una condena anterior.
En tanto, dos imputados —Josué Valencia y Silvana Avendaño— fueron sobreseídos luego de que la Fiscalía retirara la acusación por falta de pruebas.
El fallo marca un precedente para la provincia y reaviva el debate sobre la urgente necesidad de reformas profundas en el sistema penitenciario salteño, no solo para evitar que se repitan estos hechos, sino para garantizar condiciones dignas y seguras dentro de las cárceles. La Justicia actuó, pero la verdadera solución vendrá cuando se refuercen los mecanismos de control y se devuelva al sistema carcelario su verdadero propósito: la rehabilitación y el respeto por la ley.
