En un hecho que conmociona a la comunidad de Los Rosales, en el departamento de Anta, Salta, un hombre denunció haber sido víctima de brutales agresiones por parte de efectivos policiales del destacamento local.
Según el relato, fue golpeado salvajemente tras intentar salir de su celda, que habría sido dejada abierta intencionalmente, y terminó internado en grave estado en el hospital San Bernardo de la capital provincial. La denuncia, presentada por su pareja, apunta a un presunto intento de encubrir el hecho como una fuga.
El caso salió a la luz el pasado lunes, cuando la pareja de Gómez, Mariana López, radicó la denuncia en la Unidad Regional 5 de Joaquín V. González. Según López, su esposo fue detenido el domingo por la noche tras un altercado menor en la vía pública. Horas después, al intentar comunicarse con él, no obtuvo respuestas del destacamento. Un vecino le advirtió que Gómez había sido trasladado de urgencia al hospital de El Quebrachal, desde donde fue derivado a Joaquín V. González y, finalmente, a terapia intensiva en Salta capital debido a la gravedad de sus heridas.
Un relato escalofriante de violencia y encubrimiento
En diálogo con un medio local, la esposa relató detalles estremecedores. Según su testimonio, su pareja le confesó que la puerta de su celda estaba abierta, lo que lo llevó a intentar salir. Al hacerlo, se encontró con varios efectivos que, presuntamente en estado de ebriedad, lo redujeron con extrema violencia. “Lo patearon, lo golpearon con palos y lo dejaron tirado, casi sin vida”, aseguró. Además, afirmó que los policías habrían planeado trasladar el cuerpo a una ruta cercana para simular un accidente automovilístico y encubrir el hecho como una supuesta fuga.
La denuncia apunta directamente a la guardia del destacamento de Los Rosales, ubicado sobre la ruta 29. La mujer mencionó nombres de algunos efectivos, aunque las autoridades aún no han confirmado sanciones ni suspensiones. “Temo por mi vida y la de mi familia. Nadie hace nada, y los presos que estaban ahí esa noche no dicen nada, como si hubiera un pacto de silencio”, expresó la mujer, visiblemente angustiada.
La gravedad del caso ha generado indignación en la comunidad, que exige respuestas claras. Según datos del Ministerio Público Fiscal de Salta, en 2021 se registraron más de 1.000 denuncias por abuso policial en la provincia, lo que pone en evidencia un problema estructural en las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos, como la Mesa de Derechos Humanos de Salta, han señalado que casos como este reflejan una “habilitación judicial y política” para la violencia institucional, lo que dificulta la sanción efectiva de los responsables.
El caso de Gómez no es un hecho aislado. En 2022, la Fiscalía de Derechos Humanos de Salta reportó 1.388 denuncias por violencia institucional, de las cuales solo 116 derivaron en imputaciones y apenas 10 en condenas. En este contexto, la denuncia de López cobra especial relevancia, ya que incluye pruebas audiovisuales difundidas por un medio local, donde se detallan las lesiones sufridas por Gómez, incluyendo fracturas y traumatismos severos.
Las autoridades judiciales de Joaquín V. González confirmaron que la investigación está en curso, a cargo de la Fiscalía Penal de la jurisdicción. Sin embargo, hasta el momento, no se han tomado medidas contra los efectivos señalados. El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta, consultado por este medio, no emitió comentarios oficiales, aunque fuentes extraoficiales indicaron que se está evaluando la situación del destacamento.La comunidad de Los Rosales, un pequeño paraje del departamento de Anta, permanece en vilo. Vecinos y familiares de Gómez organizaron una marcha para exigir justicia y transparencia. “No queremos más abusos, queremos que los responsables paguen”, afirmó un vecino que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias. El caso también reavivó el debate sobre la necesidad de implementar el Comité de Prevención Contra la Tortura en Salta, un organismo que, según el INADI, aún no ha sido oficializado por el gobierno provincial.
Contexto de violencia institucional en Salta
La provincia de Salta arrastra un historial de denuncias por violencia policial. En 2020, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus colectivo ante el Poder Judicial provincial, denunciando un “modus operandi” de las fuerzas de seguridad que incluía detenciones arbitrarias y agresiones. Durante la pandemia, el decreto provincial 255/2020, que otorgó facultades adicionales a la policía, fue cuestionado por propiciar un marco represivo.
En Los Rosales, la situación no es nueva. En los últimos años, el departamento de Anta ha sido escenario de varios casos de abuso policial, aunque pocos han llegado a juicio. La falta de sanciones efectivas y la percepción de impunidad han generado desconfianza en la comunidad. Según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), la violencia institucional no solo afecta a los detenidos, sino que también perpetúa un clima de miedo en las comunidades más vulnerables.
En respuesta a estos problemas, el Ministerio Público Fiscal de Salta implementó en 2020 un Sistema de Denuncias Web (www.denunciasweb.gob.ar/abusopolicial) (www.denunciasweb.gob.ar/abusopolicial) para facilitar la presentación de acusaciones por abuso policial sin necesidad de acudir a una comisaría. Este sistema busca evitar la revictimización y garantizar un canal seguro para las víctimas. Sin embargo, activistas señalan que la falta de seguimiento en las investigaciones limita su efectividad.
El caso pone nuevamente en el centro de la escena la necesidad de reformas en las fuerzas de seguridad salteñas. Mientras la investigación avanza, la comunidad espera que este caso no se sume a la larga lista de denuncias archivadas. La presión social y la difusión del caso en medios locales podrían ser clave para visibilizar un problema que, lejos de resolverse, sigue afectando a los salteños.
