La causa judicial que se abrió por la aparición de equipamiento del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) en un servicio privado de terapia intensiva neonatal dio un paso clave este viernes. La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, intimó a los socios de Neofenix S.R.L. para que, en el plazo de cinco días hábiles, entreguen al tribunal seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales que pertenecen al hospital público.
La medida se tomó a pedido de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, quien caratuló la causa como presunto peculado. Personal de la Unidad de Investigación de la UDEC se presentó ayer al mediodía en la sede de la empresa, ubicada en Alvarado 858, en pleno centro de Salta, y notificó formalmente la intimación.
Minutos después, la socio-gerente de Neofenix, Verónica Murúa, salió a dar la cara ante los medios. “Estamos tan sorprendidos como ustedes”, dijo. “Neofenix es una empresa que trabaja hace 12 años en la provincia, con calidad de atención y especialistas. Somos un servicio terciarizado que en este momento funciona en Clínica del Centro. Todos los equipos que tenemos son de propiedad de Neofenix, adquiridos de buena fe entre 2014 y 2016”.
Murúa insistió en que la firma no tiene relación con el Instituto IMAC de alta complejidad y que convocaron a la prensa porque no quieren seguir sufriendo “una campaña de desprestigio”. “Somos gente de trabajo, de muchos años. Nos sentimos profundamente afectados. El que nada debe, nada teme”, remarcó.
El origen del conflicto se remonta a junio de 2025. Durante una inspección del Programa de Fiscalización y Control de Calidad de los Servicios de Salud (Proficcsa), solicitada por la propia clínica privada en el marco de su trámite de habilitación, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Salud Pública detectó equipos cuyas características coincidían con los del HPMI.
El asesor legal del hospital, Oreste Lovaglio, explicó que al recibir el informe cotejaron los números de serie con el área de patrimonio del nosocomio y confirmaron que eran los mismos. “Inmediatamente se hizo la denuncia penal”, contó. “Priorizamos la vía penal para no obstaculizar la investigación. Una vez que se confirmara la presencia de los bienes en el centro privado, íbamos a iniciar las actuaciones administrativas”.
El jueves pasado se realizó el allanamiento en la Clínica del Centro – Red IMAC, donde Neofenix presta el servicio de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología. Allí se constató que los seis equipos estaban instalados y en funcionamiento, brindando soporte vital a bebés internados. Para no poner en riesgo la vida de los pacientes, la fiscal Salinas Odorisio y la jueza Puertas decidieron no secuestrarlos de inmediato: se los identificó, se designó un depositario judicial (el encargado administrativo del lugar) y se dejó todo bajo custodia judicial.
Ese detalle es clave: los aparatos seguían atendiendo a recién nacidos mientras la Justicia avanzaba. Es una decisión que habla de la delicadeza del caso, porque en neonatología cada minuto cuenta y cualquier interrupción puede tener consecuencias graves.
Desde el HPMI, Lovaglio anticipó que ahora sí comenzarán las actuaciones administrativas internas. “Se determinarán responsabilidades de las personas que tenían a su cargo esos equipos. Si quienes los sustrajeron son empleados del hospital, se les aplicará sanción administrativa, porque la penal ya está en manos de la Justicia”.
La investigación también reveló que uno de los socios fundadores de Neofenix es un médico de planta del propio HPMI que se desempeña en el área de Gestión de Neonatología. Ese dato suma complejidad al expediente y seguramente será uno de los ejes que profundizará la UDEC.
En Salta, el Hospital Público Materno Infantil es referencia obligada para la atención de embarazos de alto riesgo, partos prematuros y patologías neonatales complejas. Miles de familias del interior y de la capital dependen de su capacidad instalada. Que equipos que fueron comprados o donados con fondos públicos (o bajo comodato) terminen prestando servicio en un centro privado genera, como mínimo, un debate sobre el uso eficiente de recursos escasos en salud pública.
Neofenix, por su parte, mantiene su postura: los aparatos son suyos, los compraron hace años y van a defenderse en la Justicia. “Vamos a aclarar todo”, insistió Murúa. “Nos vamos a ocupar de ver cómo llegaron, pero son nuestros”.
La pelota ahora está en la cancha de la empresa: tiene cinco días hábiles para poner los equipos a disposición del tribunal. Una vez que eso ocurra, el HPMI podrá recuperarlos y la causa seguirá su curso para determinar cómo y por qué esos bienes públicos terminaron en manos privadas.
Mientras tanto, en los pasillos del Materno y en los servicios de neonatología de la ciudad, el caso genera preocupación y expectativa. Porque más allá de la discusión jurídica, lo que está en juego es equipamiento que salva vidas de los más chiquitos. Y en una provincia donde el sistema público carga con la mayor demanda, cada incubadora, cada oxímetro o cada humidificador que falta duele el doble.
La Justicia tiene la palabra. Y los salteños, la mirada puesta en que los equipos vuelvan cuanto antes al lugar donde más se necesitan: el hospital público que día a día atiende a los bebés que nacen en las condiciones más vulnerables.
