A fines de 2023, Cristian Sajama y Oscar Quipildor, vecinos de Rosario de Lerma, confiaron en una propuesta laboral que prometía empleo formal y alojamiento digno en obras de lujo en Buenos Aires. Lo que encontraron fue un subsuelo improvisado como dormitorio colectivo, jornadas interminables y un entramado que los dejó acusados como líderes de una red de trata, cuando en realidad fueron víctimas de explotación laboral.
Los dos salteños habían sido reclutados en su provincia por representantes de empresas constructoras vinculadas a Hospitality, JEPPES SRL y ODA Desarrollo, con la promesa de trabajar en el edificio Delta Center y en viviendas del exclusivo barrio Los Castores de Nordelta. A su llegada, fueron enviados junto a otros 30 trabajadores a un subsuelo debajo de una rampa, donde improvisaron sus camas sobre tachos de pintura y placas de madera, sin ventilación ni higiene adecuada. Las duchas eran comunitarias y los horarios de trabajo superaban las 14 horas diarias, mientras los empresarios responsables seguían supervisando proyectos valuados en millones de dólares.
El contexto se complicó aún más cuando los trabajadores descubrieron que formaban parte de estructuras empresariales vinculadas a Antonio Yepes Gaviria, un colombiano con antecedentes por lavado de dinero y conexiones con organizaciones narco internacionales. Sajama y Quipildor aseguran que nunca se les informó a quién estaban realmente sirviendo: “Fuimos por necesidad, confiando en que las condiciones mejorarían, pero todo fue un engaño”, relataron.
El 2 de diciembre de 2024, la Justicia federal en San Isidro ordenó allanamientos simultáneos en Nordelta y oficinas relacionadas con las constructoras. Se secuestraron armas, más de 28 millones de pesos, dólares y euros, documentación laboral clandestina, planos de obra y vehículos de alta gama. Además, se confirmó que al menos 30 trabajadores, muchos salteños, habían sido sometidos a condiciones de explotación laboral.
Tras los operativos, Cristian Sajama fue detenido y pasó cuatro días incomunicado en un penal federal, acusado de integrar la organización de trata. “Me trataron como si fuera un jefe, cuando yo era un laburante más, viviendo y trabajando en las mismas condiciones inhumanas que mis compañeros”, recordó. Quipildor, aunque no fue detenido, quedó bajo investigación y sufrió la misma estigmatización que su compañero. Ambos sostienen que fueron utilizados como “últimos eslabones” en un entramado que los superaba.
La disputa judicial ahora se extiende entre Buenos Aires y Salta. Las constructoras alegan que la explotación ocurrió en territorio porteño, por lo que exigen que todas las acciones se tramiten en San Isidro. Por su parte, la defensa de las víctimas, liderada por el abogado Nicolás Vedia, sostiene que el reclutamiento engañoso se produjo en Salta y que la provincia tiene competencia para investigar al menos parte del delito. Por esto, se presentaron demandas laborales ante los juzgados locales N° 3 y N° 6, mientras se sigue avanzando en la causa federal por trata laboral.
Sajama y Quipildor reclaman el pago de un año y medio de salarios adeudados, horas extras, indemnizaciones y una reparación moral por los daños sufridos. Además, buscan que se reconozca oficialmente su condición de víctimas de trata. Actualmente enfrentan la difícil situación de litigar sin apoyo estatal, mientras las empresas denunciadas continúan operando y construyendo en Nordelta con normalidad.
La historia de estos salteños refleja no solo la vulnerabilidad de los trabajadores provinciales frente a promesas laborales en proyectos millonarios, sino también la complejidad de un entramado que mezcla construcción de lujo, corrupción y vínculos con redes criminales internacionales. La lucha de Sajama y Quipildor es un llamado de atención sobre la necesidad de controles más estrictos en el reclutamiento y la supervisión de trabajadores en todo el país, especialmente cuando las promesas de empleo llevan a trasladarse desde provincias como Salta a la Capital y el Gran Buenos Aires.
Mientras esperan una resolución judicial que los reivindique, ambos destacan la importancia de visibilizar estas situaciones. “No queremos que esto le pase a otros. Fue un infierno que empezó en Salta y terminó en Buenos Aires”, concluyen. Su caso deja al descubierto cómo las promesas de trabajo formal pueden convertirse en un mecanismo de explotación, y cómo la distancia geográfica y la falta de recursos dificultan que los trabajadores provinciales puedan defender sus derechos frente a empresas con poder económico y conexiones internacionales.
En Salta, la causa mantiene en vilo a las autoridades laborales y judiciales, que buscan determinar hasta qué punto corresponde intervenir desde la provincia y cómo garantizar la reparación integral de los afectados. La historia de Sajama y Quipildor evidencia que la trata laboral y la explotación de trabajadores siguen siendo problemáticas invisibles, incluso en proyectos que parecen inalcanzables por su lujo y opulencia.
