La investigación que se tramita en el Valle de Lerma sumó nuevas pistas y ahora apunta a más de tres situaciones distintas dentro de la Policía de Salta.
Lo que empezó como una denuncia puntual por un supuesto ofrecimiento de cambio de destino se amplió y hoy incluye referencias a licencias, traslados y cursos que, según se indaga, podrían haberse gestionado a cambio de dinero.
El foco principal sigue puesto en una mujer policía de menor rango que presta servicios en la comisaría de San Jorge, en Rosario de Lerma. La agente se encuentra con licencia desde hace varias semanas y el domingo pasado Asuntos Internos le retiró el arma reglamentaria como medida administrativa mientras continúan las actuaciones.
Junto a ella aparece mencionado un mecánico oriundo de La Merced, señalado como allegado íntimo y también imputado en la causa. Ambos habrían participado, según la hipótesis de la Fiscalía, en maniobras que incluían el cobro de tarifas por gestiones internas de la fuerza.
Los allanamientos realizados en domicilios de La Merced y Rosario de Lerma permitieron secuestrar tres teléfonos celulares que ahora están bajo análisis. El contenido de esos dispositivos puede resultar clave para determinar si existieron contactos, pagos o gestiones concretas vinculadas a los supuestos acomodos.
El expediente tiene un doble camino. Por un lado, la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, a cargo de Daniel Alejandro Escalante, avanza con la investigación penal para establecer si se configuraron delitos y quiénes intervinieron. Por el otro, Asuntos Internos tramita el sumario administrativo correspondiente al personal policial involucrado.
Hasta el momento se habla de ofrecimientos y de algunos casos en los que los beneficios habrían llegado a concretarse. Esa diferencia será central a la hora de fijar responsabilidades: no es lo mismo proponer un trámite que haberlo efectivo a cambio de una suma de dinero.
Si se confirma que hubo personas que efectivamente pagaron para obtener ventajas dentro de la institución, la causa podría pasar de una presunta estafa individual a un problema de mayor envergadura institucional. También habrá que analizar qué conocimiento tuvieron quienes eventualmente recibieron esos beneficios y si corresponde alguna sanción administrativa.
Cada situación se evaluará de manera separada. Por ahora, la agente investigada permanece alejada del servicio y sin su arma reglamentaria, mientras los investigadores siguen sumando elementos para esclarecer el alcance real de estas presuntas irregularidades en la Policía salteña.
Ante las novedades, Asuntos Internos trabaja en el caso
Tras el escándalo que tomó estado público dentro de la fuerza, el caso adquirió otro rumbo porque aparecieron nuevas aristas desconocidas hasta ahora que señalan que no eran solo traslados los que se tarifaban sino un sinnúmero de beneficios internos dentro de la Policía.
De esa manera se conoció que habría otros casos, algunos de ellos con claros beneficios que llegaron a buen puerto, mediante el pago de dinero. Ayer Asuntos Internos de la Policía comenzó a tomar medidas y eso es toda una señal.
Las fuentes sostienen que la investigación habría permitido identificar a más de un efectivo que recibió propuestas de este tipo. Incluso alguno de estos beneficios ofrecidos llegó a concretarse. Ese es uno de los puntos más delicados de la trama.
La investigación comenzó con una denuncia concreta, pero las nuevas medidas parecen haber abierto una puerta hacia situaciones que podrían ser anteriores y más numerosas, según las fuentes consultadas por El Tribuno.
Por ahora, la Justicia debe probar cada uno de esos extremos. Lo que sí está claro es que el caso dejó de ser solamente una denuncia por un supuesto cambio de destino a cambio de dinero sino otra cosa.
La Fiscalía busca determinar hasta dónde llegó la maniobra y Asuntos Internos debe establecer qué consecuencias tendrá dentro de la Policía. Si las nuevas líneas de investigación logran confirmar otros casos, aquel primer expediente podría terminar siendo apenas el comienzo de una investigación mucho más amplia sobre la existencia de un mercado clandestino de beneficios dentro de la fuerza.
Fuente El Tribuno
