El Concejo Deliberante de Salta vive un momento determinante: varios ediles adelantaron que rechazarán la renuncia del exconcejal Pablo Emanuel López (La Libertad Avanza), quien enfrenta una grave denuncia penal por exigir favores sexuales a cambio del pago de sus haberes. Encabezados por la vice segunda del cuerpo, Agustina Álvarez, sus pares impulsan un juicio político para destituirlo formalmente.
El escándalo salió a la luz cuando su ex pareja, también funcionaria municipal, relató ante la fiscalía de Violencia Familiar y de Género que López condicionaba el cobro de su sueldo a que mantuviera relaciones sexuales, apoyada en audios e imágenes que corroborarían la acusación . En reacción, el edil presentó su renuncia, pero los concejales anticipan que no la aceptarán, y optarán por iniciar el trámite institucional de juicio político, que podría culminar en su destitución este miércoles, en sesión extraordinaria.
La denuncia ya genera repudio masivo dentro del Concejo: la concejala Alicia Vargas, integrante del bloque oficialista, aseguró que rechazará la renuncia por considerarla una maniobra para eludir la responsabilidad, y consideró la situación como un “hecho aberrante” que debe ser sancionado.
Agustina Álvarez, además, cuestionó el daño institucional causado: “Esto no es algo privado, es un tema que humilla al Concejo”, sostuvo, destacando que la única vía “ética e institucional” es avanzar con el juicio político. Advirtió que la comunidad está atenta y espera una respuesta firme de los representantes.
El presidente del Concejo, Darío Madile, confirmó que la sesión extraordinaria será este miércoles, donde se definirá si se acepta la renuncia o se inicia el proceso de remoción .
Los audios y la acusación por extorsión sexual aceleraron la respuesta del Concejo
Qué se discutirá y cómo continúa el proceso
Audios comprometidos: Según la denuncia, López condicionaba el pago del sueldo de su expareja a favores sexuales. La gravedad está sustentada en registros entregados a la fiscalía.
Rechazo a la renuncia: Ediles como Vargas, Farquharson y Ramos coincidieron en que aceptar la dimisión sería dejar pasar una maniobra para evitar el juicio político. El proceso buscaría removerlo incluso para que no pueda regresar en diciembre.
Etapas previstas: Tras rechazar la renuncia, se conformaría la comisión de juicio político. Luego se evaluará formalmente la suspensión y eventual destitución, dentro del marco del reglamento interno.
Repercusión política: El episodio generó repercusión nacional. Incluso desde dentro de La Libertad Avanza surgieron cuestionamientos. La diputada Emilia Orozco emitió declaraciones públicas, aunque sin tomar distancia total del caso .
