En respuesta a los pedidos de informe presentados por los gremios APUNSa y ADIUNSa, la Universidad Nacional de Salta (UNSa) emitió un comunicado oficial para abordar las preocupaciones sobre la rescisión de contratos de personal.
La institución negó categóricamente que se hayan producido despidos, aclarando que los contratos finalizados fueron suscritos por el exrector, cuyo mandato ya había concluido, y no por la actual gestión.
Según el comunicado, los contratos en cuestión, firmados por la administración anterior, tenían fechas de vencimiento establecidas al 31 de mayo o al 31 de diciembre de 2025. “Es prioritario garantizar el funcionamiento óptimo de las distintas áreas de la universidad”, subraya el escrito, desmintiendo las acusaciones de despidos y precisando que la actual gestión no participó en la elaboración, vencimiento ni pago de dichos contratos.
En relación con la preocupación expresada por APUNSa sobre la rescisión de contratos del equipo interdisciplinario dedicado al abordaje de violencias de género, el Rectorado afirmó que “se garantiza el cumplimiento de las obligaciones de la universidad” conforme a la resolución del Consejo Superior N°500/2019. Para ello, anunció que se realizarán entrevistas para reconfigurar el equipo interdisciplinario, asegurando la continuidad del servicio.
Asimismo, en respuesta a la nota de ADIUNSa, la UNSa garantizó la operatividad del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), el comedor universitario y el equipo de comunicación. Sobre los profesionales del SIED, el comunicado aclaró que no existía un vínculo formal ni resolución administrativa que respaldara su relación laboral. Además, se informó que la directora del SIED, designada con un cargo equivalente a profesora adjunta con dedicación semiexclusiva hasta el 31 de diciembre de 2025, presentó su renuncia el pasado 19 de mayo.
La respuesta de la UNSa busca apaciguar las tensiones con los gremios, reafirmando su compromiso con la continuidad de los servicios y la estabilidad institucional, mientras enfrenta un contexto de transición administrativa y cuestionamientos sobre la gestión de contratos.
