En un contexto donde la libertad de prensa y de expresión son pilares fundamentales de la democracia, un proyecto de ley presentado en la provincia de Salta generó una fuerte controversia.
La iniciativa, impulsada por la diputada Griselda Galleguillos del Bloque Frente Liberal Salteño, busca obligar a los medios de comunicación —audiovisuales, gráficos y digitales— a ceder espacios gratuitos para difundir mensajes de concientización, educación y promoción social elaborados por organismos públicos.
La propuesta, que pretende fortalecer la conciencia social sin costo para el Estado, levantó críticas por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que alertó sobre los riesgos que representa para los derechos constitucionales y la sostenibilidad económica de los medios.
¿En qué consiste el proyecto de ley en Salta?
El proyecto, presentado hace algunas semanas, establece que todos los medios de comunicación radicados en la provincia de Salta deberán destinar un espacio diario, sin cargo, para la difusión de contenidos producidos por organismos públicos. Estos mensajes, según la propuesta, deben estar identificados con la leyenda “Espacio cedido en cumplimiento de la Ley Provincial N°…” y no pueden incluir propaganda política, partidaria ni institucional. La iniciativa se basa en la premisa de promover valores positivos y fortalecer la conciencia social a través de medios con gran alcance, sin generar costos para el Estado ni para los productores de los mensajes.
La diputada Galleguillos argumentó que el proyecto tiene como antecedente la Ley Nacional 26.215, que regula los espacios gratuitos durante las campañas electorales. Sin embargo, a diferencia de aquella norma, la propuesta salteña se centra exclusivamente en contenidos de bien público y neutralidad ideológica, como campañas de educación, salud o prevención. Pese a estas intenciones, el proyecto no logró avanzar en la Legislatura provincial, ya que, según fuentes legislativas, algunos de sus artículos serían incompatibles con la normativa nacional vigente en materia de libertad de prensa y expresión.
La reacción de Adepa: un llamado a la reflexión
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitió un comunicado en el que expresó su profunda preocupación por las implicancias del proyecto. Según la entidad, la obligatoriedad de ceder espacios gratuitos vulnera derechos esenciales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, como la libertad de prensa y la libertad de expresión. Adepa subrayó que estas libertades no solo implican el derecho a difundir información, sino también la potestad de los medios de decidir qué contenidos publicar, sin ser obligados a divulgar mensajes en contra de su voluntad.
“La imposición de publicaciones compulsivas atenta contra la autonomía editorial de los medios”, señaló Adepa en su comunicado. Además, la entidad advirtió que la cesión gratuita de espacios representa una carga económica significativa para los medios, especialmente en un contexto de crisis del sector periodístico. Esta obligación, aunque no implica una confiscación directa, podría asimilarse a una expropiación de ingresos, ya que los medios no recibirían compensación alguna por ceder espacios que podrían destinarse a publicidad paga u otros contenidos.
Alternativas menos restrictivas
Adepa destacó que, si bien el objetivo de promover la concientización social es legítimo, existen alternativas menos invasivas para alcanzar ese propósito. Entre las opciones propuestas, la entidad sugirió la realización de campañas voluntarias o la búsqueda de acuerdos colaborativos con los medios, sin recurrir a imposiciones legales. Este enfoque, según Adepa, permitiría respetar tanto los derechos fundamentales como las condiciones de sostenibilidad de los medios, que enfrentan desafíos económicos crecientes en la era digital.
La entidad instó a las autoridades salteñas a reconsiderar la iniciativa y a abrir canales de diálogo con el sector periodístico. “Es fundamental encontrar mecanismos que promuevan el interés público sin comprometer los principios democráticos ni la viabilidad de los medios de comunicación”, remarcó Adepa. Este llamado refleja la necesidad de un equilibrio entre las necesidades del Estado y el respeto por las libertades individuales y colectivas.
Un proyecto frenado, pero el debate sigue abierto
Fuentes legislativas confirmaron que el proyecto de Galleguillos quedó estancado en comisiones, debido a las posibles contradicciones con la normativa nacional. Este freno, sin embargo, no cierra el debate sobre cómo conciliar los objetivos de bien público con el respeto por la libertad de prensa. En un país donde los medios enfrentan constantes desafíos, tanto económicos como regulatorios, iniciativas como esta generan preocupación en el sector, que ve en ellas un precedente peligroso para la autonomía editorial.
La controversia en Salta también pone en el centro de la escena la importancia de proteger la libertad de expresión en un contexto donde las democracias enfrentan tensiones crecientes. La prensa, como garante de la pluralidad de voces, juega un rol clave en la construcción de una sociedad informada y crítica. Por eso, cualquier medida que pueda limitar su autonomía debe ser analizada con extremo cuidado.
El contexto nacional y los antecedentes
El proyecto salteño no es un caso aislado. En Argentina, la relación entre los medios y el Estado ha sido históricamente compleja, marcada por debates sobre el rol de la prensa en la difusión de mensajes de interés público. La Ley Nacional 26.215, mencionada como antecedente por Galleguillos, regula los espacios gratuitos en medios audiovisuales durante las campañas electorales, pero su alcance es específico y no abarca contenidos permanentes como los propuestos en Salta. Además, la normativa nacional está sujeta a estrictos controles para garantizar la neutralidad y evitar el uso político de esos espacios.
En este sentido, el proyecto salteño plantea un desafío adicional: ¿cómo garantizar que los mensajes de “bien público” no se conviertan en herramientas de propaganda encubierta? La falta de claridad en los mecanismos de control y la obligatoriedad de la cesión de espacios generan dudas sobre la implementación práctica de la iniciativa.
Un llamado al diálogo
La controversia generada por el proyecto de ley en Salta pone de manifiesto la necesidad de un diálogo abierto entre el Estado, los medios y la sociedad. La libertad de prensa y de expresión no solo son derechos fundamentales, sino también herramientas esenciales para la construcción de una democracia sólida. Cualquier iniciativa que busque regular el trabajo de los medios debe considerar el impacto en su sostenibilidad y en su rol como fiscalizadores del poder.
Por el momento, el proyecto permanece frenado, pero el debate está lejos de concluir. La prensa salteña, al igual que la nacional, sigue atenta a las decisiones que puedan surgir de la Legislatura provincial. Mientras tanto, Adepa y otros actores del sector periodístico continuarán defendiendo los principios que sustentan la libertad de expresión, en un contexto donde los desafíos para los medios son cada vez más complejos.
