En un contexto de ajuste nacional y con el presidente Javier Milei insistiendo en la necesidad de eliminar los gastos ociosos para sanear las finanzas públicas, los municipios de Salta parecen transitar un camino opuesto.
Atrapados en una tormenta perfecta de caída de coparticipación, compromisos salariales crecientes y una obra social provincial (IPS) que eleva sus costos, los intendentes salteños enfrentan una crisis que, lejos de ser solo estructural, pone en evidencia una gestión que no logra adaptarse a las exigencias de austeridad. Las palabras de Marcelo Moisés, intendente de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes, reflejan la magnitud del problema, pero también una preocupante resignación ante la falta de medidas concretas para reducir gastos superfluos y optimizar recursos.
La situación es crítica: la coparticipación, principal fuente de ingresos municipales, se desploma por la caída del consumo, el IVA y el impuesto a las Ganancias. A esto se suma el reciente aumento de los aportes al IPS, que fija un piso de $121.000 por trabajador, de los cuales los municipios deben cubrir más de la mitad. Moisés lo admite con claridad: “Estamos agobiados por múltiples frentes”.
Sin embargo, la respuesta de los intendentes parece limitarse a recurrir al fondo compensador –un recurso de emergencia que desvía el 1,5% de la coparticipación– en lugar de abordar el problema de fondo: la falta de racionalización del gasto público municipal.
El presidente Milei ha sido enfático en su mensaje: los gastos innecesarios deben eliminarse. Pero en Salta, los municipios no solo mantienen estructuras infladas, sino que también evaden medidas de ajuste estructural. Moisés descarta planes coordinados de retiros voluntarios y reconoce que el “ajuste se está haciendo donde se puede”. Esta vaguedad es alarmante. ¿Dónde están los recortes a cargos políticos redundantes, asesores sin funciones claras o contrataciones clientelares? ¿Por qué no se revisan los gastos en eventos, publicidad o vehículos oficiales, que en muchos casos no son esenciales para el funcionamiento municipal?
La dependencia del fondo compensador, como admite Moisés, es una solución de corto plazo que no resuelve el déficit estructural. “Si la economía nacional no se reactiva, no hay fondo que nos alcance”, advierte. Aunque es cierto que la caída de la coparticipación está ligada a la actividad económica, esta explicación no puede ser una excusa para la inacción. Los municipios tienen la responsabilidad de gestionar con eficiencia, especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, las comunas salteñas parecen atrapadas en una inercia que prioriza el mantenimiento de estructuras burocráticas y compromisos políticos por sobre PPI la sostenibilidad fiscal.
La parálisis de la obra pública, otro pilar del discurso de Moisés, agrava el panorama. Sin fondos nacionales y con los municipales al límite, los proyectos de infraestructura están prácticamente detenidos. Esto no solo frena el desarrollo local, sino que elimina una fuente clave de empleo en el interior.
Frente a este escenario, la falta de creatividad para generar ingresos propios o reasignar recursos es notoria. Los municipios podrían explorar alianzas público-privadas, optimizar la recaudación de tasas locales o priorizar obras esenciales con fondos provinciales, pero estas opciones no aparecen en el horizonte de los intendentes.
