El concejal salteño Pablo López se presentó este lunes en el Concejo Deliberante, pero no brindó declaraciones ni respuestas frente a las graves acusaciones que pesan sobre él. En su lugar, ingresó un pedido formal de prórroga, buscando estirar los tiempos para responder ante la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, que tenía previsto escucharlo este martes.
La denuncia que involucra al edil –quien hasta hace poco formaba parte del espacio libertario La Libertad Avanza Salta, del cual fue expulsado– fue presentada por su ex pareja y refiere a un presunto caso de extorsión con connotaciones sexuales. A raíz de la gravedad del caso, la Comisión esperaba que López se hiciera presente para dar su versión de los hechos. Sin embargo, decidió evitar la confrontación directa y optar por una estrategia defensiva basada en lo judicial.
En lugar de acudir a la reunión del martes a las 11 de la mañana, López se anticipó y llegó el lunes a primera hora al edificio del Concejo. Sin hablar con la prensa ni con sus colegas, entregó por escrito su solicitud de prórroga, amparándose en que las actuaciones judiciales aún se encuentran en etapa preliminar y que, hasta el momento, “no existe imputación formal en su contra”.
El concejal asegura que no puede dar respuestas mientras no se le informe con claridad de qué se lo acusa oficialmente. A través de su abogado –cuya identidad fue revelada en el mismo escrito–, también pidió conocer la integración completa de la comisión encargada del proceso disciplinario, dejando en claro que pretende tener todos los detalles antes de prestar declaración.
Según trascendió de fuentes internas del Concejo, López solicitó cinco días hábiles adicionales para presentarse y ofrecer su descargo. El argumento principal del concejal es que la causa se encuentra bajo secreto judicial y que aún no tuvo acceso completo a las pruebas. En su presentación, indicó que cualquier declaración pública previa podría entorpecer el proceso legal y comprometer su defensa.
Además, en el documento hizo referencia a su derecho a contar con asesoramiento legal antes de declarar ante una comisión política, más aún cuando se trata de denuncias de carácter personal y de alta exposición mediática.
