La investigación por el brutal asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido hace ya catorce años en la Quebrada de San Lorenzo, acaba de dar un giro clave: la jueza Ada Zunino fue designada para intervenir en la causa, luego de la recusación de dos magistrados que originalmente llevaban el expediente. Con una postura firme, Zunino dejó en claro que, si hay más involucrados en el crimen —incluso si se trata de personas vinculadas al poder—, la justicia no tendrá contemplaciones.
La designación de Zunino se produce en un contexto delicado: la causa, que ya cuenta con una condena firme contra Gustavo Lassi, vuelve a estar en el centro de la escena judicial tras los reclamos insistentes del padre de una de las víctimas, Jean-Michel Bouvier, quien desde hace años sostiene que el caso no está completamente resuelto. La nueva línea de investigación se enfoca en la posibilidad de que otras personas hayan participado del doble femicidio, y que esas personas pertenecerían a sectores influyentes de la sociedad salteña.
Desde su nuevo rol como jueza de garantías, Ada Zunino tendrá la responsabilidad de controlar el proceso de investigación que llevan adelante los fiscales Luján Sodero y Pablo Paz. Su función no será la de investigar directamente, sino garantizar que todas las medidas se ajusten al marco legal y que los derechos constitucionales de las partes sean respetados. No obstante, Zunino no dudó en marcar su impronta con declaraciones contundentes que resonaron con fuerza en la provincia.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, sean quienes sean los responsables. Si hay hijos del poder, también van a pagar”, sostuvo la jueza, dejando en claro que no habrá margen para la impunidad. La frase no tardó en replicarse en redes sociales y en conversaciones cotidianas en Salta, donde el caso sigue generando dolor, bronca e interrogantes sin resolver.
Zunino también fue clara respecto a la situación de Gustavo Lassi, quien fue condenado como coautor del crimen y actualmente cumple una pena de prisión perpetua. “La sentencia está firme e inconmovible”, subrayó, pero aclaró que eso no impide que se avance en otras hipótesis. De hecho, la reapertura parcial del expediente apunta a esclarecer si existieron cómplices que nunca fueron juzgados, y que podrían haber escapado de la acción penal gracias a maniobras de encubrimiento o, como se sospecha, por sus vínculos con sectores privilegiados.
La jueza no esquivó las autocríticas sobre el desempeño del sistema judicial en este caso. “Hubo errores, tanto por acción como por omisión”, admitió. La causa, que en su momento fue tratada con fuerte exposición mediática, tuvo momentos de desprolijidad y versiones cruzadas, lo que alimentó durante años las dudas sobre un posible encubrimiento. Hoy, a pesar del tiempo transcurrido, Zunino aseguró que existe voluntad de “llegar al fondo de la verdad” y que “ninguna persona que haya participado de esta aberración puede estar libre”.
El doble femicidio de Cassandre y Houria ocurrió en julio de 2011, cuando las jóvenes francesas fueron halladas sin vida en un paraje de la Quebrada de San Lorenzo, a pocos kilómetros de la ciudad de Salta. El caso conmocionó a la provincia y al país, y tuvo repercusión internacional. Tras una investigación marcada por polémicas y denuncias de irregularidades, Gustavo Lassi fue condenado, mientras que otros imputados fueron absueltos por falta de pruebas.
Sin embargo, nunca desaparecieron del todo las sospechas de que la verdad no había salido completamente a la luz. La insistencia de Jean-Michel Bouvier, padre de Cassandre, fue determinante para reactivar una causa que muchos consideraban cerrada. Su lucha por justicia lo llevó a denunciar públicamente la posibilidad de una trama de encubrimiento, y a exigir que se investigue la participación de personas con poder económico o político en la provincia.
La nueva etapa de la investigación podría incluir revisión de pruebas, análisis de testimonios pasados y la incorporación de nuevos elementos forenses, en un intento por reconstruir con mayor precisión lo ocurrido aquella noche trágica en la quebrada. También se contemplan pericias psicológicas y tecnológicas que en su momento no se realizaron con la profundidad necesaria, según señalaron fuentes judiciales.
En Salta, la noticia de la designación de Zunino fue recibida con una mezcla de expectativa y escepticismo. Por un lado, su perfil combativo y su trayectoria como defensora de derechos humanos generan confianza en sectores que reclaman justicia genuina. Por otro, la memoria reciente de fallos polémicos y procesos truncos hace que muchos salteños miren con cautela cualquier novedad judicial.
A nivel político, la causa podría tener implicancias significativas. Si efectivamente se confirman vínculos entre el crimen y personas relacionadas con sectores de poder, el impacto sería mayúsculo. En ese sentido, la firmeza de Zunino al declarar que no habrá “intocables” representa un mensaje fuerte, tanto hacia adentro del Poder Judicial como hacia la sociedad salteña.
La reapertura de esta línea investigativa también reaviva el debate sobre la violencia de género en la provincia. A pesar de que han pasado más de diez años desde aquel crimen, los femicidios siguen siendo una problemática urgente en Salta, que figura entre las jurisdicciones con mayores tasas de violencia contra las mujeres. En este contexto, el caso Bouvier-Moumni vuelve a instalarse como símbolo de una lucha inconclusa: la de exigir justicia verdadera, sin privilegios ni silencios cómplices.
