En la Escuela Delfín Leguizamón, ubicada en la capital salteña, un conflicto entre familias y la dirección del establecimiento derivó en la intervención directa del Ministerio de Educación de Salta.
La polémica, que llevó a varios padres a retirar a sus hijos de clases, se centró en presuntas conductas inapropiadas de algunos estudiantes y cuestionamientos a la gestión de la directora, Liliana Aramayo. Este miércoles, las autoridades educativas decidieron otorgarle licencia a Aramayo, quien será reubicada en otra institución para resguardar su seguridad ante supuestas amenazas recibidas.
El subsecretario de Política Socioeducativa, Alejandro Williams Becker, explicó que se activaron los protocolos correspondientes para abordar la situación. Según el funcionario, los hechos denunciados por los padres, que incluían sospechas de abuso sexual, fueron analizados y descartados como tales tras un abordaje interdisciplinario. “No se constataron casos de abuso, sino conductas dentro del desarrollo evolutivo de los chicos que, de todos modos, fueron tratadas con seriedad”, señaló, destacando que se aplicaron medidas preventivas para proteger a los estudiantes involucrados.
La situación generó malestar entre las familias, que acusaron a las autoridades escolares de minimizar los hechos al calificarlos como “cosas de chicos”. Williams Becker reconoció que algunas expresiones pudieron haber sido malinterpretadas, pero enfatizó que el Ministerio actuó con responsabilidad. “Si hubo una percepción de que se bajó el tono a la situación, no refleja el trabajo que se hizo: se aplicaron protocolos y se derivaron casos de bullying sistemático cuando correspondía”, afirmó. Además, se implementó un acompañamiento con psicólogos y pedagogos para garantizar la contención de los alumnos.
Otro punto que encendió la alarma fue la supuesta circulación de material pornográfico en grupos de WhatsApp entre estudiantes. El subsecretario aclaró que este tema excede las competencias del establecimiento, ya que corresponde al ámbito privado y a la responsabilidad de los padres que facilitan los dispositivos móviles. “No podemos controlar lo que pasa en los celulares de los chicos, pero sí trabajamos en la prevención dentro de la escuela”, indicó, subrayando la importancia de la participación familiar para una convivencia escolar saludable.
El conflicto también incluyó un episodio aislado relacionado con marihuana, que, según las autoridades, no se originó en el alumnado de la escuela, sino en el Bachillerato Salteño de Perfeccionamiento Artístico (BSPA), que comparte el edificio. “Se encontró un residuo, pero no es un problema generalizado en el establecimiento”, aclaró Williams Becker, desmintiendo rumores de consumo extendido.
La tensión escaló por la desconfianza de un grupo de cinco a diez familias hacia la dirección y el supervisor Aldo Aranda, acusado de respaldar a Aramayo. El funcionario provincial negó cualquier inacción y destacó que la escuela cuenta con numerosas actuaciones administrativas elevadas a supervisión. “No se trata de un déficit de gestión, sino de una conflictividad que a veces refleja el entorno social”, explicó, defendiendo el trabajo realizado por el equipo directivo.
Para normalizar la situación, el Ministerio aseguró que las clases continuarán con normalidad, priorizando el derecho a la educación de los chicos. “Estamos trabajando para estabilizar la convivencia y garantizar la continuidad pedagógica”, afirmó Williams Becker, quien llamó a los padres a colaborar enviando a sus hijos a la escuela. Con estas medidas, Salta busca cerrar un capítulo de tensiones en una de sus instituciones educativas más emblemáticas, mientras refuerza la importancia del diálogo entre familias y autoridades para construir un ambiente escolar seguro.
