La media sanción de Diputados a la ley que prohíbe el ingreso a casinos a personas beneficiarias de planes sociales abrió un intenso debate en Salta sobre discriminación, constitucionalidad y eficacia de la medida. Especialistas en derecho y legisladores de distintos bloques señalaron que el proyecto, más allá de su buena intención, presenta falencias técnicas y genera restricciones que podrían considerarse arbitrarias.
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta advirtió que la norma tiene una “naturaleza punitiva” al establecer prohibiciones sobre quienes reciben asignaciones, subsidios o beneficios asistenciales, presumiendo que podrían malgastar el dinero en juegos de azar. “El proyecto debe ser mejorado desde lo técnico, pues hay cuestiones que alientan a pensar su inconstitucionalidad”, indicó, y agregó que la propuesta establece una discriminación a priori difícil de justificar y de aplicar.
Entre los legisladores, las críticas se repiten. El diputado José Gauffin (bloque Independencia) señaló que la medida es parcial y limitada, ya que solo apunta al juego en casinos, mientras que otras problemáticas como el alcoholismo o la adicción a drogas y tabaco quedan fuera del alcance de la ley. “Es discriminatoria y poco práctica, porque el juego existe en múltiples formatos: online, ilegal y legal en barrios con máquinas lotéricas. La prohibición recorta libertades sin resolver el problema de fondo”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Roque Cornejo (La Libertad Avanza) resaltó los riesgos asociados al uso de bases de datos para implementar la norma y destacó que se introduce una diferenciación basada en el estatus socioeconómico. Según Cornejo, la ley presupone que percibir un beneficio asistencial implica una incapacidad para administrar el dinero, algo que sería cuestionable frente al escrutinio constitucional. Incluso propuso un ejemplo comparativo: si se considera constitucional prohibir el ingreso a casinos a beneficiarios, también podrían aplicarse limitaciones arbitrarias a políticos u otros grupos, lo que evidencia lo problemático de la medida.
La diputada Griselda Galleguillos (Frente Liberal Salteño) coincidió con estos cuestionamientos y advirtió sobre los riesgos de estigmatización. “Limitar el ingreso a personas por recibir un beneficio es discriminatorio y va contra el principio de igualdad ante la Ley. Las adicciones deberían abordarse con políticas integrales, no con prohibiciones”, afirmó. Además, indicó que la implementación del proyecto recargaría a organismos privados con responsabilidades que no les corresponden, generando discrecionalidad y arbitrariedad.
El debate refleja tensiones entre la intención de proteger a quienes reciben asistencia social y los derechos individuales garantizados por la Constitución. La medida busca limitar el impacto del juego en quienes podrían destinar sus recursos a necesidades básicas, pero especialistas alertan que el enfoque legal actual podría vulnerar la igualdad ante la Ley y establecer una discriminación basada en la condición económica de los ciudadanos.
En Salta, la discusión abre interrogantes sobre cómo equilibrar la protección social y la libertad individual, y pone en el centro la eficacia de las políticas de control frente a problemas como la ludopatía. Mientras los diputados avanzan con la media sanción, la opinión de expertos advierte que será necesario revisar la norma antes de su implementación definitiva para evitar conflictos legales y consecuencias no deseadas.
El proyecto, en su forma actual, muestra que cualquier medida que busque regular el ocio o el consumo entre ciudadanos con planes sociales requiere un diseño técnico sólido, sin caer en generalizaciones que puedan considerarse discriminatorias o violatorias de derechos fundamentales. La polémica en torno a la ley sigue abierta y se espera que, en las próximas semanas, el debate continúe tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.
