La historia de Morena Rial en la Unidad Penal Nº 51 de Magdalena está marcada por tensiones, expectativas frustradas y un alto nivel de exposición mediática. Tras más de 50 días detenida, la joven había conseguido un beneficio que consideraba fundamental: el acceso a un teléfono celular autorizado. Este permiso, poco habitual en casos de figuras públicas, le permitía mantenerse en contacto con su entorno y aliviar la soledad de su encierro.
Sin embargo, la alegría duró poco. Según trascendió en programas televisivos como DDM y medios especializados, Morena cometió una maniobra que no cayó bien en las autoridades penitenciarias. Se filtraron mensajes que ella habría enviado, y esa situación generó alarma en el penal. El resultado fue inmediato: se decidió que ya no podría tener el celular durante todo el día, sino únicamente en franjas horarias muy restringidas, bajo estrictos controles y supervisión constante.
El periodista Guido Záffora relató que Morena recibió la noticia de que “a las cinco de la tarde le iban a sacar el celular”, lo que la dejó visiblemente molesta. Mientras que otras internas pueden disponer del aparato de manera más libre, ella quedó sujeta a un régimen especial. Su abogado, Martín Leiro, denunció que esto constituye una desigualdad de trato, ya que la joven no recibe las mismas condiciones que el resto de las detenidas.
El trasfondo de esta situación es complejo. Por un lado, Morena Rial había solicitado prisión domiciliaria, argumentando la necesidad de cuidar a su hijo Amadeo, que cumplió un año en octubre. Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido al considerar que no existía apego suficiente y que la vivienda propuesta no cumplía con los requisitos. En ese contexto, el celular se había convertido en su único puente con el exterior, un alivio emocional en medio de la incertidumbre.
