El clima político en Brasil volvió a sacudirse este fin de semana con nuevos capítulos en la detención de Jair Bolsonaro, quien permanece bajo prisión preventiva en la sede de la Policía Federal en Brasilia. El exmandatario, que atraviesa uno de los momentos judiciales más delicados desde que dejó el poder, aseguró durante una audiencia que intentó quemar su tobillera electrónica porque sufrió alucinaciones provocadas por una medicación que le generó un estado de paranoia.
Según la reconstrucción del caso, Bolsonaro se presentó este domingo a una audiencia por videoconferencia con una jueza auxiliar del Supremo Tribunal Federal (STF), instancia destinada a revisar las condiciones de su arresto y corroborar que no se hayan vulnerado sus derechos fundamentales. Allí, el líder ultraderechista explicó que decidió utilizar una soldadora para dañar la tobillera porque creía que dentro del dispositivo había un sistema de escucha. Señaló que, en ese momento, se encontraba bajo los efectos de medicamentos que habrían alterado su percepción y lo llevaron a actuar de forma impulsiva.
Pese a su descargo, la jueza ratificó la prisión preventiva dictada el sábado, luego de que Bolsonaro pasara su primera noche detenido en la dependencia policial. El fallo se sostiene en dos argumentos centrales: el “riesgo concreto de fuga” y la “amenaza al orden público”, criterios que ya habían sido evaluados por el magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso en el que el exmandatario fue condenado a 27 años de cárcel por conductas vinculadas al intento de golpe institucional.
La audiencia también tuvo como objetivo revisar el trato recibido por el exjefe de Estado desde su detención. De acuerdo con el informe oficial difundido posteriormente, no se constató ningún tipo de abuso o irregularidad en el procedimiento llevado a cabo por la Policía Federal. Esa constatación permitió que la medida cautelar continuara vigente sin modificaciones.
La tobillera electrónica había sido impuesta por el STF meses atrás como mecanismo de control mientras Bolsonaro cumplía prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia desde el 4 de agosto. Sin embargo, el propio exmandatario admitió haber dañado el dispositivo utilizando una soldadora, lo que fue interpretado por la Justicia como un intento deliberado de eludir el monitoreo judicial. Ese hecho terminó convirtiéndose en uno de los motivos clave que derivaron en la orden de arresto preventivo.
El caso se desarrolla en un contexto político especialmente sensible para Brasil, donde el impacto de la detención de un expresidente sigue generando repercusiones tanto puertas adentro del país como en el resto de la región. Para amplios sectores del arco político brasileño, la situación de Bolsonaro constituye un test más sobre la fortaleza de las instituciones frente a liderazgos que intentaron ejercer presión sobre el funcionamiento democrático.
Mientras tanto, en Brasilia se mantiene la expectativa de cómo avanzará el proceso judicial y qué efectos podrá tener esto en el mapa político sudamericano. En Argentina, el tema también genera atención, especialmente por la influencia que Bolsonaro mantuvo en algunos sectores de la derecha local y por las comparaciones frecuentes con el escenario político nacional.
Por ahora, Bolsonaro continuará detenido en la sede de la Policía Federal, a la espera de nuevas definiciones judiciales. Aquí se abre una etapa en la que, según analistas brasileños, se pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para sostener una causa de alto impacto político sin perder de vista las garantías procesales. En paralelo, la defensa del exmandatario insiste en que sus condiciones de salud psicológica al momento de dañar la tobillera deben ser consideradas, aunque la Justicia ya dejó en claro que la conducta encaja dentro de los parámetros que justifican una prisión preventiva.
El episodio de la tobillera, más allá de lo anecdótico, opera como símbolo de un conflicto mayor que se arrastra desde hace tiempo entre Bolsonaro y el Poder Judicial brasileño. La discusión sobre su responsabilidad en hechos que la Justicia encuadra como golpistas, sumada a las tensiones políticas con el oficialismo y la oposición, mantiene al país atento a cada movimiento del expediente.
Con la ratificación de la prisión preventiva, el exmandatario enfrenta un escenario complejo y sin señales de alivio inmediato. Los próximos pasos judiciales serán determinantes para definir su futuro político y personal, mientras Brasil observa con atención el desarrollo de un caso que sigue marcando la agenda regional y que, por su impacto institucional, continúa generando repercusiones más allá de las fronteras del país vecino.
