El despliegue militar en la frontera norte de nuestro país comenzó a traer consecuencias lógicas con las autoridades del sur de Bolivia. Diversos referentes de instituciones de la sociedad civil, que se denominan dirigentes cívicos, salieron a pedir información sobre los movimientos de los militares argentinos en la zona de frontera.
"Los dirigentes cívicos de Tarija y Potosí advirtieron que la relación bilateral entre Bolivia y Argentina podría verse afectada por el despliegue de efectivos militares en zonas fronterizas, principalmente en los departamentos Orán y General José de San Martín", informó David Maygua, periodista responsable del portal informativo Tarija Economía.
"Cívicos de Tarija y Potosí esperan que el despliegue militar en Argentina no deteriore la relación bilateral", sentenció.
En Bolivia, los dirigentes cívicos son líderes que representan a las organizaciones cívicas departamentales o regionales. Estas organizaciones ejercen influencia en la política y la vida social, defendiendo los intereses de sus comunidades y buscando el desarrollo de sus departamento
Es así que el presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, pidió a la Cancillería boliviana solicitar información a su similar sobre el denominado "Operativo Roca" para evitar una tensión diplomática entre ambos países.
A su criterio, esta es una "llamada de atención a las autoridades gubernamentales de Bolivia" que no tienen una política para la lucha contra el narcotráfico, ya que existen casos de bolivianos detenidos con cocaína en Brasil, Argentina y otros países.
"Si bien respetamos la decisión argentina, esperamos que no haya excesos contra civiles bolivianos que cruzan las fronteras por razones de trabajo o actividad comercial", aseveró Gira.
Los dirigentes cívicos a menudo tienen una influencia significativa en la política regional y nacional, a través de protestas, movilizaciones y negociaciones con el gobierno. Es posible que ante un sucesos de excesos, como el que temen, deriven en reclamos y movilizaciones que afecten el normal desarrollo de la frontera.
Los reclamos van de la mano con la acción de hábeas corpus colectivo y preventivo que ingresó al Juzgado Federal de Orán, presentado por la Mesa de Derechos Humanos de Salta solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los instrumentos con los que el Gobierno nacional autorizó a las FFAA a intervenir en materia de seguridad interna y habilitó el despliegue militar del llamado "Plan Roca", en la frontera norte.
Los temores que mueven a los pedidos son los mismos: "prevenir cualquier tipo de acción ilegítima y privación ilegal o arbitraria de la libertad".
El presidente del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), Alberto Pérez, ya pidió a las autoridades gubernamentales, de ambos países, a buscar el diálogo para evitar un posible deterioro de la relación bilateral.
En su opinión, es necesario que los presidentes o cancilleres se reúnan por el temor de que surjan problemas ulteriores con el despliegue de los efectivos militares de Argentina.
El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano, afirmó que la medida es muy complicada, pero obedece a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia que impera en la frontera con Bolivia.
Según Medrano, el narcotráfico es la "madre" de los delitos debido a que personas inescrupulosas internan cocaína al país vecino por más de 100 pasos ilegales que existen con Salvador Mazza.
En el marco del Operativo Roca, el ministro de Defensa del país vecino, Luis Petri, instruyó el despliegue de militares y a portar armas cargadas ante cualquier peligro durante los patrullajes en lugares sensibles de las provincias de Salta y Jujuy.
La iniciativa castrense busca intensificar el control en las zonas rurales del norte y noreste del país, tanto desde el ámbito terrestre como desde el aeroespacial.
Del operativo participan brigadas del ejército con más de 10.000 efectivos involucrados, con un despliegue permanente de hasta 1.300 hombres en la zona. Se utilizan drones, radares móviles, helicópteros, comunicaciones y un avión Diamond para relevamientos.
Entre las medidas anunciadas, también destacó la declaración de la región de Orán y Aguas Blancas como zonas especiales de investigación, en el marco de la Ley Antimafia. Esto permitirá dotar a los jueces federales y provinciales de herramientas más contundentes para desarticular las estructuras criminales presentes en esa área crítica.
