La Justicia argentina investiga un presunto caso de irregularidades en el ingreso de valijas sin control aduanero en un vuelo privado desde Miami, liderado por Laura Arrieta, exazafata y organizadora de la CPAC Argentina.
A más de cuatro meses del hecho, ocurrido el 26 de febrero en Aeroparque, el juez Martín Yadarola ordenó medidas que podrían llevar el caso a instancias internacionales.
El magistrado solicitó cooperación penal a Estados Unidos y Francia, país de destino final del Bombardier 5000, propiedad del empresario Leonardo Scatturice, para esclarecer el contenido de las valijas y los movimientos del avión, que tras una semana en la terminal de Royal Class partió hacia París con escala en Tenerife. Paralelamente, se busca identificar a funcionarios de Aduana, Migraciones, ANAC y la Policía de Seguridad Aeroportuaria involucrados en el procedimiento.
Imágenes de cámaras de Aeroparque muestran a Arrieta pasando por una vía secundaria con al menos diez bultos sin escanear, mientras otros pasajeros del vuelo fueron controlados. La exazafata entrega su celular a una agente aduanera, quien tras una breve interacción permite el ingreso sin revisión. Para la fiscalía, liderada por Claudio Navas Rial y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, esto sugiere una "instrucción externa" que alteró el procedimiento, apuntando a posible encubrimiento o abuso de autoridad.
Las irregularidades incluyen una declaración oficial de cinco valijas, cuando las imágenes muestran más de diez, ausencia de escaneo, falta de documentación precisa y errores en los registros de Migraciones. ANAC, además, no registró los movimientos del avión, lo que motivó nuevos requerimientos judiciales.
En el centro del caso está Scatturice, dueño del jet y reciente comprador de Flybondi, señalado como nexo entre el gobierno de Javier Milei y Donald Trump. Aunque el titular de ARCA, Juan Pazo, defendió que la Aduana no escanea todo el equipaje y que se trató de una selección aleatoria, la fiscalía sostiene que la vía usada por Arrieta fue abierta exclusivamente para ella sin justificación operativa, evidenciando "discrecionalidad no reglada". El caso, con pruebas documentales, testimoniales y grabaciones, podría destapar una red de irregularidades con alcance internacional.