El gobierno británico analiza implantar chips con inteligencia artificial bajo la piel de criminales para rastrearlos y, potencialmente, anticipar futuros delitos. La idea es que, de concretarse, esto permita reducir la superpoblación penitenciaria y encontrar métodos más efectivos de vigilancia de aquellos que cumplan sus condenas fuera de las cárceles.
Durante una reunión celebrada en Londres y organizada por la asociación Tech UK, representantes del gobierno discutieron junto a más de veinte grandes firmas tecnológicas –como Google, Amazon, Microsoft, IBM y Palantir– posibles soluciones que incluyeron desde robots para el traslado de presos, superordenadores que analizan patrones históricos de delitos, hasta la sugerencia más controvertida: la instalación de chips subcutáneos equipados con IA capaces de rastrear la ubicación y, en teoría, analizar señales para anticipar comportamientos delictivos en personas condenadas fuera de prisión.
El gobierno del primer ministro laborista Keir Starmer, aseguró que se trata sólo de propuestas en estudio, con el objetivo de modernizar el sistema judicial y evitar la saturación de las cárceles. Pero al trascender la posibilidad de monitorear a personas en libertad condicional con esta tecnología causa polémica entre expertos en privacidad y derechos fundamentales.
Privatización
El principal temor planteado por organizaciones y activistas es el poder creciente que estas medidas podrían otorgar a las grandes tecnológicas implicadas, junto con un impacto sin precedentes en la privacidad personal. Donald Campbell, portavoz de la asociación Foxglove, advierte que el uso de la IA para anticipar delitos “no es fiable” y puede reproducir sesgos ya documentados en otros países donde herramientas similares han derivado en discriminación hacia minorías.
Las propuestas también generaron inquietud por una posible privatización encubierta de la justicia, ya que en los debates tomaron parte empresas que gestionan prisiones privadas, como Serco, y compañías especializadas en tecnologías biométricas.
Las organizaciones de derechos humanos, como Liberty y Privacy International, recalcaron la necesidad de que cualquier iniciativa de este tipo cuente con transparencia total y que haya un debate abierto a la sociedad antes de su eventual puesta en marcha.
Polémica
Mientras que la ministra de Justicia, Shabana Mahmood, se mostró a favor de una colaboración directa entre el sector público y las empresas tecnológicas para “modernizar la vigilancia y facilitar la reinserción”. Por su parte, James Timpson, ministro de Prisiones, consideró que “aprovechar la tecnología puede hacer más eficaz al sistema judicial”.
Las empresas invitadas al encuentro evitaron realizar declaraciones públicas sobre el fondo de las deliberaciones.
El debate sobre el uso de chips con IA en criminales refleja un delicado equilibrio entre la búsqueda de mayor eficacia tecnológica y la protección de los derechos fundamentales. Reino Unido, al ser uno de los primeros países en plantear abiertamente estas invasivas, abre una discusión internacional sobre los límites de la vigilancia digital, sus riesgos medidas y posibles ventajas.
