El Gobierno nacional acelera una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que la Justicia restituyera documentación secuestrada en los primeros allanamientos del caso que involucra al exfuncionario Diego Spagnuolo. Los documentos revelan compras de medicamentos sin contratos formales y fuera de los canales oficiales, lo que encendió alertas en la Casa Rosada.
Uno de los principales focos está puesto en la relación con la droguería Suizo Argentina. Según se sospecha, las compras se habrían realizado mediante compulsas de precios sucesivas, sin trazabilidad ni control del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones. Las facturas encontradas no figuran en los portales públicos y muestran inconsistencias que apuntan a posibles sobreprecios.
Ante esto, el interventor de la ANDIS, Alberto Vilches, recibió acceso a la documentación para avanzar en la revisión administrativa. El objetivo del Ejecutivo es reformar el actual esquema autárquico de contrataciones del organismo y centralizar las compras en el Ministerio. Además, se analiza eliminar intermediarios y adquirir directamente a laboratorios.
La investigación también puso bajo la lupa otros contratos millonarios de la ANDIS, como el de La Mantovana de Servicios Generales S.A. por $1.774 millones para limpieza, o el acuerdo con Nación Seguros por más de $26 mil millones. A esto se suman contrataciones con la Policía de la Ciudad por $105 millones y compras menores de insumos por casi $23 millones.
Con un presupuesto total de $3,74 billones y más de 900 empleados, la ANDIS es uno de los entes más grandes del Estado. El 83% de sus fondos se destinan a seguridad social, aunque también ejecuta partidas para salud y asistencia directa.
La auditoría incluirá además la revisión de pensiones por invalidez que fueron dadas de baja en los últimos meses. El Gobierno espera tener resultados luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, y estima que el proceso no debería extenderse más allá de seis meses.
En Salta, la situación también genera preocupación. Las delegaciones locales podrían ser incluidas en la auditoría, especialmente aquellas que gestionan programas de salud y asistencia en el interior provincial. Las autoridades provinciales ya se comunicaron con Nación para pedir claridad sobre el alcance de las investigaciones.
El caso Spagnuolo, que comenzó con la filtración de audios, expuso un entramado de manejos opacos en una agencia clave para personas con discapacidad. La Casa Rosada busca ahora enviar un mensaje de transparencia, pero sabe que la credibilidad solo se recuperará con resultados concretos y sanciones, si las irregularidades se confirman.
