La oposición en la Cámara de Diputados intensificó su reclamo contra Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y exigió su interpelación y moción de censura por no implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso. El Ejecutivo argumenta falta de fondos, pero los legisladores cuestionan esa excusa y califican el decreto presidencial 681/2025 como inconstitucional, ya que no existe norma que permita “devolver” una ley votada.
Oscar Agost Carreño, líder del bloque opositor, sostuvo que “las leyes se cumplen siempre” y advirtió que el Gobierno busca gobernar con discrecionalidad, sin respetar la división de poderes. En Salta, la preocupación es profunda: la suspensión de la ley afecta directamente a miles de personas con discapacidad y sus familias, que sufren recortes en servicios y prestaciones esenciales.
La medida oficial coincide con la reducción temporal de las retenciones a las exportaciones, una jugada que la oposición ve como un intento electoralista para atraer al sector agroexportador, mientras se dejan de lado derechos sociales básicos.
Desde Provincias Unidas, Juan Schiaretti también criticó la decisión y anticipó que su bloque impulsará la eliminación definitiva de las retenciones en el debate del Presupuesto 2026, además de exigir la extensión de la suspensión hasta fin de año.
El debate se centra no solo en lo económico, sino en la vigencia del sistema republicano y el respeto por los derechos humanos. En Salta, organizaciones sociales alertan sobre los efectos inmediatos del freno a la ley: demoras en pagos, recortes en cobertura médica y dificultades para acceder a insumos terapéuticos.
La pulseada entre el Congreso y el Ejecutivo seguirá durante las próximas semanas, con la discapacidad como uno de los temas clave en la agenda parlamentaria. La controversia plantea un desafío mayor: qué tipo de Estado se construye y cómo se garantizan derechos esenciales a todos los argentinos.
