El nombre de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, quedó en el centro de graves denuncias por presuntas maniobras de ocupación y comercialización irregular de tierras en el norte argentino. Dos hombres relataron un entramado que combina poder político, decisiones judiciales cuestionadas y una red societaria controlada por familiares y personas de máxima confianza del dirigente, con epicentro en una extensa zona rural de Santiago del Estero.
Los denunciantes aseguran que no se trata de hechos aislados, sino de un mecanismo repetido durante años que habría afectado a decenas de vecinos de Colonia del Desierto. Según sus testimonios, las tierras eran ocupadas, revendidas en más de una oportunidad y luego escrituradas a nombre de sociedades comerciales vinculadas directamente a Toviggino, incluso después de que este dejara formalmente su rol en algunas de ellas.
Ricardo Simeoni y Bruno Frattari decidieron hablar públicamente tras años de litigios, pérdidas económicas y conflictos judiciales. Ambos coinciden en señalar a Toviggino como el articulador de una estructura que, con respaldo político, logró avanzar sobre campos que tenían larga tradición de posesión y trabajo productivo.
Frattari explicó que su padre había adquirido en 2004 un campo de 1.768 hectáreas en Colonia del Desierto. Durante varios años la familia trabajó la tierra sin inconvenientes, hasta que en 2011 se produjo una ocupación violenta por parte de personas que se presentaron como los verdaderos dueños del lugar. Para justificar la toma, exhibieron una escritura que, según la denuncia, era apócrifa y estaba a nombre de un hombre ya fallecido.
A partir de ese momento comenzó un derrotero judicial que nunca se resolvió a favor de la familia. Tras idas y vueltas en los tribunales provinciales, Frattari asegura que logró identificar quién estaba detrás de la maniobra. “Tuvimos reuniones personales con Toviggino y con Daniel Zamora”, relató. Según su testimonio, en esos encuentros se hablaba de órdenes “que venían de arriba” y se lo presionaba para vender el campo en condiciones desfavorables.
La propuesta, siempre de acuerdo al relato, era quedarse con la mitad del valor de la tierra, bajo la advertencia de que de otro modo no la recuperarían. “Nunca nos pagaron nada y nos dijeron que no íbamos a volver a entrar al campo”, afirmó. La misma suerte, agregó, corrió un vecino lindero que atravesó una situación similar.
El segundo denunciante, Ricardo Simeoni, contó que en 2012 compró parte de esas tierras sin saber que ya estaban en conflicto. La operación se concretó a través de un aviso clasificado y el contacto directo con Toviggino, quien ofició de intermediario. Simeoni relató que recorrió el campo junto al dirigente y que el acuerdo incluyó pagos en efectivo y maquinaria agrícola.
Durante un tiempo, la relación fue cordial. Sin embargo, todo cambió cuando Toviggino le pidió autorización para alojar a supuestos trabajadores rurales en construcciones precarias dentro del campo. Según Simeoni, esas personas resultaron ser internos del sistema penitenciario, armados y con control efectivo del predio, que finalmente le impidieron volver a ingresar.
Cuando decidió iniciar acciones legales, se encontró con un escenario aún más complejo. Sus abogados le informaron que, en los papeles, se trataba de tierras fiscales y que debía litigar contra el Estado provincial. El proceso judicial terminó con un fallo adverso y la pérdida definitiva del campo. Hoy, esas hectáreas figurarían a nombre de una empresa privada.
De acuerdo a la información aportada por los denunciantes, los terrenos en disputa quedaron finalmente escriturados a nombre de SOMA S.R.L., una sociedad que fue controlada por Toviggino hasta 2016 y que actualmente está en manos de su hermano Darío y de Mauro Paz, otro hombre de su círculo íntimo. La firma habría dividido el área en tres grandes lotes de unas 1.200 hectáreas cada uno, incluyendo los campos mencionados por ambos productores.
La historia dominial de esas tierras suma un elemento clave. Originalmente eran tierras fiscales entregadas bajo un régimen de posesión, que exigía trabajo efectivo, mejoras y permanencia durante un período prolongado para acceder a la escritura definitiva. Según Frattari, esas condiciones ya habían sido cumplidas por los ocupantes anteriores antes de que su familia comprara el campo.
Las usurpaciones, explicó, no fueron un hecho aislado. Hubo al menos tres intentos de toma. En los dos primeros, la Justicia ordenó la restitución del predio. El tercero, en 2011, marcó un quiebre: no hubo intervención judicial efectiva y el campo quedó definitivamente en manos de quienes lo ocuparon.
La diferencia, según los denunciantes, fue el respaldo político y la existencia de una organización más estructurada. En ese esquema aparecen el nombre de una escribana que habría intervenido en la conformación de varias sociedades vinculadas a Toviggino y el de un familiar directo que se encargaba del cuidado de los campos una vez consumada la ocupación.
Además del impacto económico, ambos hombres describen consecuencias personales profundas: años de litigios, endeudamiento, desgaste emocional y la imposibilidad de recuperar tierras que consideraban parte de su proyecto de vida. Aseguran que hay muchos más casos similares, pero que la mayoría de los afectados teme hablar por las relaciones de poder involucradas.
Mientras las denuncias comienzan a resonar también en ámbitos judiciales fuera de la provincia, el caso expone una trama donde confluyen negocios inmobiliarios, estructuras societarias opacas y vínculos políticos de alto nivel. Un escenario que vuelve a poner bajo la lupa el uso del poder para avanzar sobre recursos estratégicos en el interior del país y deja abiertas preguntas que, por ahora, siguen sin respuesta.
