El Gobierno nacional puso en marcha la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), una medida que marca el inicio de una nueva etapa en la política energética argentina. El cambio forma parte del acuerdo con el FMI y apunta a disminuir los subsidios, ordenar las tarifas y atraer inversión privada al sector.
La resolución 400/2025 establece un esquema de precios marginales que reemplaza al sistema intervenido de los últimos años. Desde ahora, los valores se definirán por competencia entre generadores y no por decisiones del Estado. Con esta modificación, la energía y el gas comenzarán a reflejar costos más reales, lo que implicará aumentos progresivos en las boletas de los hogares.
Según las proyecciones oficiales, los usuarios de ingresos altos pagarán la tarifa plena, los sectores medios abonarán el 67% del costo mayorista y los de menores ingresos, el 43%. Así, el promedio de cobertura del costo pasará del 53% actual al 67% en 2026. El objetivo es reducir el peso de los subsidios energéticos del 0,6% del PBI al 0,5% el año próximo.
El nuevo modelo también impulsa la creación de un mercado a término, con contratos directos entre generadores, distribuidoras y grandes usuarios. Cada empresa térmica deberá encargarse de adquirir su propio combustible, mientras Cammesa mantendrá funciones de despacho y administración.
La reforma incluye al gas natural, con la promesa de respetar los contratos vigentes hasta 2028, pero avanzando hacia un sistema más competitivo y autosuficiente. A su vez, el Gobierno prepara una licitación para ampliar la red de transmisión eléctrica, con una inversión estimada en 1.100 millones de dólares y financiamiento privado.
El verano se presenta desafiante. Se prevé que las altas temperaturas puedan tensionar la oferta eléctrica, y el plan oficial contempla incentivos para que grandes usuarios reduzcan consumo en los picos de demanda.
En Salta y el norte del país, donde los costos de distribución son más altos, el impacto podría sentirse con fuerza. Las distribuidoras deberán adaptarse al nuevo esquema de compras directas, lo que podría traducirse en aumentos graduales. La eliminación de fondos fiduciarios, salvo el de zonas frías, también genera dudas sobre la continuidad de obras energéticas en áreas rurales.
Con este paso, el Gobierno apuesta a un sistema más eficiente, menos dependiente del Estado y abierto a la competencia. Sin embargo, el camino implicará una transición marcada por subas tarifarias y ajustes hasta alcanzar el equilibrio buscado.
