La decisión, que se conoció recientemente aunque fue firmada el 23 de mayo, apunta a frenar cualquier intento de entorpecer la causa judicial o de poner a resguardo bienes que podrían estar relacionados a delitos graves contra la salud pública.
La lupa judicial sobre el fentanilo letal
La causa investiga cómo llegaron al mercado hospitalario dos lotes del medicamento “Fentanilo HLB” —los 31202 y 31244— contaminados con al menos dos bacterias: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Se trata de un fármaco utilizado en terapias intensivas y procedimientos quirúrgicos, cuya contaminación derivó en infecciones graves y muertes, primero en la provincia de Buenos Aires y luego en otras jurisdicciones.
Los lotes en cuestión fueron elaborados en el Laboratorio Ramallo y distribuidos por la droguería Alfarma SRL, pero su trazabilidad lleva hasta la firma HLB Pharma Group, empresa señalada como el principal actor en la cadena de producción y distribución.
Quiénes están bajo la mira del juez Kreplak
Entre las 31 personas alcanzadas por la medida figuran:
Ariel Fernando García, cara visible de HLB Pharma Group
Sus hermanos Damián Roberto y Diego García
Su madre, Nilda Furfaro, expresidenta de la firma
Su abuela, Olga Luisa Arena, de 90 años, también expresidenta
Directores técnicos, responsables de control de calidad y representantes legales de las empresas
Sociedades como Ramallo, Alfarma, Regional Med SRL, Droguería Mayorista SA y otras firmas del entramado
La investigación apunta a una posible estructura empresarial familiar que habría eludido controles sanitarios básicos, dejando circular medicación contaminada.
19 allanamientos y medidas en marcha
El 5 de julio, por orden del juez, se realizaron 19 allanamientos simultáneos en domicilios particulares, laboratorios y oficinas vinculadas a los involucrados. En estos procedimientos se secuestraron documentos, cuadernos internos y muestras de medicamentos que ahora están siendo analizados por peritos del Instituto Malbrán y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Según fuentes judiciales, aún no hay imputaciones formales, ya que se espera el resultado de pericias clave. Sin embargo, tanto la inhibición de bienes como la prohibición de salir del país son medidas preventivas que reflejan la gravedad del caso.
El foco en los delitos contra la salud pública
La fiscalía impulsa la investigación bajo el marco del Capítulo IV, Título VII del Código Penal, que contempla delitos como envenenar o adulterar medicamentos. En el dictamen también se advierte que podrían surgir nuevas calificaciones penales a medida que avancen los estudios periciales.
Desde el entorno judicial explicaron que estas medidas buscan “neutralizar riesgos procesales, como la fuga o destrucción de pruebas, y proteger posibles bienes producto de maniobras delictivas”.
Denuncias, querellas y presión social
La ANMAT ordenó la recuperación de todos los lotes sospechosos y emitió alertas sanitarias. El gobierno de Santa Fe se presentó como querellante y no se descarta que otras provincias hagan lo mismo. En paralelo, la ONG ARCA denunció a los García por presunta evasión impositiva superior a los 7 millones de pesos durante 2019 y 2020, utilizando facturas truchas.
Familiares de víctimas reclaman justicia y aseguran que hubo negligencia criminal. "Esto no fue un error, fue abandono de responsabilidades y vidas perdidas por plata", señalaron.
Qué sigue en la causa
Se esperan resultados de pericias sobre las bacterias halladas y análisis de registros de producción
El juez podría avanzar en indagatorias si se comprueban omisiones en los controles sanitarios
Los 31 implicados siguen siendo investigados, sin imputación firme aún
La investigación podría amplia
rse a delitos económicos, sanitarios y contra la administración pública
