El Ejecutivo promulgó la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad, pero dejó suspendida su ejecución hasta que el Congreso apruebe los recursos necesarios en el Presupuesto 2026.
En paralelo, se aprobó una reasignación de más de $121.000 millones para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que desde el 1° de octubre empezará a actualizar los aranceles de los prestadores, una de las principales demandas del sector.
El Gobierno sostiene que la Ley 27.793, sancionada recientemente tras rechazarse un veto presidencial, tendría un impacto fiscal muy elevado: más de $3 billones entre 2025 y 2026, lo que representaría cerca del 0,35 % del PBI nacional.
Según el decreto publicado (681/2025), sin fuentes de financiamiento claras, la ley no puede ejecutarse. Las normas vigentes (Ley 24.629; Ley 24.156) exigen que todo nuevo gasto estatal tenga su financiamiento especificado.
En Salta, como en muchas provincias del NOA, la noticia generó alerta entre organizaciones sociales que le reclaman al Estado nacional más claridad y concreción. El reajuste de aranceles es una medida bienvenida, pero no alcanza para cubrir las demoras acumuladas y la precariedad de prestaciones.
Las cifras más destacadas: la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad tendría un costo estimado de $2,17 billones en 2025 y $4,7 billones en 2026; el Programa Incluir Salud costaría $574.200 millones este año y $1,24 billones el siguiente; y el monto para compensar a los prestadores debería rondar los $278.323 millones
Para Salta estas decisiones tienen impacto directo: los prestadores locales vienen denunciando aranceles retrasados, que con la inflación pierden valor mes tras mes. El refuerzo de ANDIS genera expectativa, pero también dudas sobre si los fondos provistos serán suficientes y si llegarán a tiempo.
