El Congreso nacional volvió a encenderse tras la aprobación de una citación formal al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien deberá presentarse este miércoles al mediodía para dar explicaciones sobre supuestos acuerdos financieros con Estados Unidos. La oposición pide detalles sobre un swap por 20 mil millones de dólares, anunciado por el Gobierno sin brindar precisiones ni pasar por el Parlamento.
La convocatoria fue impulsada principalmente por el bloque de Unión por la Patria, en el marco del artículo 71 de la Constitución, ante lo que consideran una conducta sistemática del ministro de eludir sus responsabilidades institucionales. Desde que asumió, Caputo no participó de ninguna sesión en Diputados, a pesar de ser una de las figuras clave del gabinete de Javier Milei.
En el entorno legislativo ya descuentan que el funcionario no se presentará, repitiendo una postura de distanciamiento que genera incomodidad incluso dentro del oficialismo. Si no asiste, los bloques opositores planean transformar la sesión en una exposición política para denunciar la falta de transparencia en las decisiones económicas.
En paralelo, la Comisión de Presupuesto prepara un cronograma para empezar a discutir el Presupuesto 2026, y volverá a citar a Caputo para que explique el contenido del proyecto. Tampoco en este caso se esperan respuestas concretas por parte del ministro, que hasta ahora se ha manejado con un fuerte hermetismo.
En Salta, la situación no pasa desapercibida. Dirigentes políticos y sectores económicos locales muestran preocupación por el rumbo económico nacional, especialmente por acuerdos que podrían tener impacto directo en las provincias. El swap con Estados Unidos, del cual se desconocen los términos, podría implicar nuevos condicionamientos financieros que afecten los fondos coparticipables, las obras públicas o los programas sociales.
La provincia ya viene sintiendo el impacto del ajuste: paralización de obras, caída del consumo y recortes en sectores sensibles como salud y educación. En ese contexto, el secretismo que rodea las decisiones del Ministerio de Economía despierta inquietud sobre el nivel de dependencia externa que se está consolidando, sin debate ni participación federal.
Para muchos, el modelo económico que impulsa el Gobierno refuerza una lógica centralista y excluyente, donde las provincias quedan relegadas a mirar desde afuera decisiones que las afectan de lleno. Y el caso Caputo es apenas un reflejo más de ese esquema.
La oposición no descarta llevar el tema a la Justicia si el ministro sigue sin responder. Mientras tanto, crece el malestar en distintos puntos del país ante un Gobierno que parece tomar definiciones cruciales de espaldas al Congreso y a la sociedad.
