Julieta Makintach, la jueza suspendida que estuvo al frente de la causa Maradona, presentó una denuncia penal en la que asegura que fue víctima de una maniobra judicial y mediática para sacarla del expediente. Según sostiene, le plantaron un video falso a su médica esteticista y se incorporó al expediente sin cumplir las mínimas garantías procesales.
La denuncia, presentada por su abogado defensor Darío Saldaño ante el Procurador General bonaerense, apunta directamente contra fiscales del Ministerio Público de San Isidro. Los acusa de falsedad ideológica, abuso de autoridad y ocultamiento de pruebas. Pide además que otro tribunal se haga cargo de la investigación, al considerar que los actuales funcionarios están comprometidos.
El eje de la presentación gira en torno a un acta del 27 de mayo de este año, donde se incorporó un video supuestamente enviado por Makintach a su esteticista con imágenes de un documental. La defensa afirma que ese video nunca fue entregado por la profesional de salud, quien además niega conocer a la funcionaria que lo aportó.
Para la jueza, se trató de una operación de espionaje: afirma que le clonaron el celular y que se fabricó una prueba para incriminarla. Denuncia que el video se incorporó mediante un link externo, sin cadena de custodia, y sin ningún tipo de respaldo técnico: no hay número de origen, ni fecha, ni duración. A esto se suma que la existencia del video se mantuvo oculta durante tres meses.
El escrito también remarca que hubo testigos citados de forma irregular, actas incompletas y un claro intento de condicionar el proceso judicial. La defensa acusa a los fiscales de falsear información y ocultar datos esenciales del expediente, lo que, según señalan, configura una actividad delictiva.
Mientras tanto, continúa el proceso en la Comisión del Jurado de Enjuiciamiento, que ya suspendió a Makintach y rechazó sus intentos de frenar el avance del jury. Este miércoles se reanuda la audiencia, aunque la jueza no estará presente. Desde fines de agosto, Makintach está apartada de su cargo y percibe solo el 40% de su salario.
La denuncia forma parte de una estrategia más amplia de defensa: la jueza busca que se anule el expediente en su contra, se recusen los fiscales y se reabra la investigación desde cero. “Ya no guardo más silencio”, afirmó recientemente, convencida de que fue víctima de una operación para sacarla de un caso sensible.
En la denuncia también se plantea que la existencia de una cámara en el recinto judicial ya era conocida por otros magistrados, lo que refuerza su teoría de que el escándalo fue premeditado.
Makintach apuesta ahora a que otro tribunal tome el caso y revise a fondo las irregularidades que denuncia. En un contexto donde la desconfianza hacia el Poder Judicial crece, el caso ya empezó a generar ruido fuera de Buenos Aires. En provincias como Salta, el eco de estos conflictos judiciales se sigue con atención por su posible impacto institucional.
El desenlace de la historia aún está abierto, pero lo cierto es que Makintach decidió pasar al contraataque. La jueza que fue apuntada por su rol en una causa emblemática ahora acusa a los fiscales de haber armado una trama en su contra. Y asegura que no se va a callar más.
