La causa por espionaje ilegal que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sumó un nuevo capítulo este jueves en los tribunales federales de Retiro. Los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico declararon como testigos ante el fiscal Carlos Stornelli y entregaron un pendrive con los audios filtrados que desataron la denuncia del Gobierno.
Ambos comunicadores ratificaron que no revelarán sus fuentes periodísticas y confirmaron que los archivos entregados corresponden a los que fueron difundidos en distintos medios. El dispositivo quedó bajo custodia judicial dentro de un sobre lacrado, sellado en presencia de las partes, como una forma de preservar la prueba de manera incuestionable.
También prestó testimonio Guido Valeri, productor y socio del canal de streaming Carnaval, que fue uno de los primeros en difundir los audios atribuidos a la hermana del presidente Javier Milei.
El expediente ya cuenta con tres grabaciones clandestinas: dos divulgadas originalmente en Carnaval y una tercera que salió al aire en el programa uruguayo Dopamina, luego de que un juez civil y comercial prohibiera la difusión de nuevas escuchas. La justicia federal dispuso que el análisis de esos registros será una de las medidas centrales de la investigación.
La denuncia que dio origen al caso fue presentada por el Ministerio de Seguridad, que advirtió sobre la posible existencia de una operación de inteligencia destinada a perjudicar a la funcionaria nacional. Según el escrito oficial, la difusión de las grabaciones buscó “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar indicadores de la política económica y condicionar el proceso electoral”.
El Gobierno apuntó directamente al abogado y empresario Franco Bindi, pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, como presunto responsable de las filtraciones. También mencionó a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como parte de la maniobra.
En paralelo, la cartera de Seguridad solicitó medidas cautelares urgentes para impedir la propagación de nuevas filtraciones. Entre los pedidos figuraron allanamientos a las oficinas del canal Carnaval, a los domicilios de su propietario y de los periodistas involucrados, además del secuestro del equipamiento técnico utilizado para la transmisión.
El avance de la investigación mantiene en vilo tanto al Gobierno como a la prensa, en un caso que combina espionaje ilegal, denuncias de operaciones políticas y un debate de fondo sobre la protección de las fuentes periodísticas en la Argentina.
