La Justicia de Rosario de Lerma dictó sentencia contra Iván Ignacio Cabezas y su actual pareja, Andrea Celeste Guanca, por episodios de violencia física y psicológica hacia la madre de sus hijos, así como por el reiterado incumplimiento de medidas judiciales de protección. La resolución se produjo en el marco de un juicio abreviado llevado a cabo ante la Sala V del Tribunal de Juicio, con la representación del Ministerio Público Fiscal a cargo del fiscal penal Daniel Alejandro Escalante.
La investigación se inició a partir de múltiples denuncias de la víctima, quien sufrió hostigamiento constante, agresiones físicas y psicológicas, amenazas y reiteradas violaciones a las órdenes de protección dictadas a su favor por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género N.º 1. Entre las medidas que se vulneraron se incluía la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la víctima, sus hijos y sus lugares de trabajo, así como la prohibición de comunicación o actos violentos.
Tras la admisión de responsabilidad de los imputados, la jueza Gabriela Romero Nallar condenó a Cabezas a un año de prisión efectiva por nueve hechos de desobediencia judicial y lesiones agravadas, considerando la relación de pareja y la violencia de género. Guanca, por su parte, recibió seis meses de prisión condicional por lesiones y desobediencia judicial en concurso real. Cabezas quedó detenido al momento de dictarse la sentencia.
Los incumplimientos de las medidas de protección incluyeron apariciones frente al domicilio y los lugares de trabajo de la víctima, publicaciones agresivas y amenazas en redes sociales, hostigamiento verbal y gestual, agresiones físicas y mensajes intimidatorios que llegaron a exponer datos personales de la damnificada. Además, hubo intentos de manipulación emocional hacia los hijos de la víctima.
Entre mayo de 2023 y julio de 2024, la víctima presentó al menos doce denuncias formales que incluyeron capturas de pantalla, audios, publicaciones, informes médicos y policiales, así como testimonios de testigos que documentaron el daño físico y psicológico sufrido.
Guanca también fue denunciada por amenazas de muerte, participación en agresiones físicas y envío de mensajes intimidatorios desde redes sociales. Los informes psicosociales y victimológicos presentados durante la investigación evidenciaron un patrón de violencia sistemática, persistente y desafiante hacia la autoridad judicial, con un impacto grave en la salud mental de la víctima y sus hijos.
La sentencia pone fin a un largo proceso marcado por la reiteración de hechos violentos y la vulneración de normas de protección, reafirmando la importancia del cumplimiento de las medidas judiciales en casos de violencia de género y el rol del Estado en garantizar la seguridad de las víctimas.
