La Policía de Salta volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse la destitución de un agente por ausencias reiteradas sin justificación. El Gobierno provincial, mediante el Decreto N° 634, resolvió cesar de manera definitiva a J.A.A., quien se desempeñaba como efectivo de la fuerza y que durante el año 2024 acumuló inasistencias consecutivas que no pudo justificar ante sus superiores.
La decisión se tomó tras la intervención del Ministerio de Seguridad y Justicia, que actuó en base a un informe del Departamento de Salud de la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía. En el documento, se detallaba que el agente había faltado en más de siete oportunidades sin presentar certificado médico, aviso previo ni otro tipo de respaldo administrativo que justificara su conducta.
Ante este panorama, se inició un sumario administrativo que concluyó con la Resolución N° 51.122/2025, firmada por la Jefatura de Policía. En la misma se recomendó la destitución del efectivo, bajo el argumento de que su conducta configuraba una infracción grave en los términos del Reglamento General de la Policía de la Provincia de Salta.
Desde el área legal de la fuerza aseguraron que el procedimiento disciplinario respetó el debido proceso, brindando al agente en cuestión todas las instancias de defensa y descargo, aunque este no pudo explicar las causas de su reiterada ausencia. En el decreto de cesantía se citan los artículos 168 y 199 del reglamento policial, que establecen los pasos a seguir en este tipo de casos, así como también el artículo 108 inciso b) del Decreto N° 1490/2014, que tipifica como falta grave el abandono del servicio sin causa justificada.
Según fuentes vinculadas al proceso, el policía no presentó ningún tipo de documentación médica ni excusa formal, pese a haber sido notificado en varias oportunidades. Las ausencias se extendieron a lo largo del año 2024 y no solo implicaron un incumplimiento administrativo, sino que generaron inconvenientes operativos en la dependencia donde prestaba funciones, ya que su puesto debía ser cubierto por otros efectivos para garantizar el servicio.
En el contexto actual de reorganización interna y control institucional que viene impulsando el Ministerio de Seguridad y Justicia, el caso fue tomado como un ejemplo de la necesidad de reforzar la disciplina dentro de la fuerza. "La responsabilidad de portar un uniforme no es solo operativa, también es ética y profesional", señalaron desde ámbitos cercanos al Ejecutivo provincial.
Si bien no trascendieron mayores detalles sobre la identidad del agente ni sobre la comisaría en la que prestaba servicios, se supo que el caso fue abordado con discreción para no entorpecer el trámite administrativo. El decreto que oficializa la cesantía ya fue publicado y se encuentra en plena ejecución.
Cabe destacar que, de acuerdo al reglamento vigente, la cesantía implica la separación definitiva del cargo sin posibilidad de reincorporación, a diferencia de otras sanciones como la suspensión o el traslado. Además, el agente pierde automáticamente todos los beneficios laborales, incluyendo la antigüedad, el acceso a la obra social de la fuerza y cualquier posibilidad de ascenso futuro dentro de la administración pública provincial.
Este tipo de medidas no son frecuentes pero sí están contempladas en la normativa vigente como última instancia frente a conductas que comprometen el funcionamiento institucional. Las autoridades aseguraron que la destitución de personal no se toma a la ligera, pero que resulta imprescindible para preservar el orden, el compromiso y la confianza de la ciudadanía en la Policía de Salta.
En los últimos años, desde la fuerza vienen trabajando en mejorar los controles internos y en fomentar una cultura organizacional basada en la responsabilidad y el cumplimiento del deber. La inasistencia injustificada, más allá de la sanción disciplinaria, se considera un acto de abandono del servicio que puede tener consecuencias graves, tanto para el funcionamiento de la institución como para la seguridad de la comunidad.
Por otro lado, esta decisión se enmarca en un contexto provincial donde se busca fortalecer la transparencia y el control dentro de todas las áreas del Estado. En ese sentido, el caso de J.A.A. no solo tiene un impacto administrativo, sino también simbólico, al marcar un precedente en cuanto a la firmeza con la que se espera que se ejerzan las funciones públicas.
Salta, como muchas otras provincias del norte argentino, enfrenta desafíos estructurales en materia de seguridad, con demandas crecientes por parte de la ciudadanía. En ese marco, las autoridades insisten en que el compromiso y la presencia activa del personal policial son condiciones innegociables para poder dar respuestas eficaces.
Mientras tanto, desde la fuerza se continúa trabajando en auditorías internas y en la revisión de legajos para detectar posibles irregularidades en el cumplimiento de horarios, licencias médicas y ausencias prolongadas. Se espera que este tipo de medidas sirvan como advertencia y ejemplo para reforzar la disciplina interna y recuperar la confianza social en las instituciones de seguridad.
