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GRAN OPERATIVO

Dictaron la prisión preventiva para el policía federal acusado de pedofilia digital

La investigación forma parte de un operativo global contra la pornografía infantil en internet.

Dictaron la prisión preventiva para el policía federal acusado de pedofilia digital

La Justicia de Salta dictó prisión preventiva para un policía federal de 31 años acusado de distribuir material de abuso sexual infantil desde su domicilio en la capital provincial. La medida se adoptó por la gravedad del delito, la magnitud del material secuestrado y el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

El operativo, enmarcado en la acción internacional “Aliados por la Infancia V”, permitió descubrir más de 60.000 archivos entre fotos y videos que mostraban abuso de menores. El agente, que cumplía funciones administrativas, fue imputado por distribución de material de explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años. Durante la audiencia se abstuvo de declarar y su pedido de medidas alternativas a la prisión fue rechazado.

La investigación comenzó a partir del sistema ICACCOPS, una plataforma internacional que rastrea delitos de abuso infantil en internet. Gracias a la detección de conexiones sospechosas desde Salta, se pudo identificar al sospechoso, allanar su vivienda y secuestrar computadoras, teléfonos y discos externos. Los peritajes preliminares confirmaron la gran cantidad de material ilícito, y continúan los análisis para determinar si hay otras personas involucradas.

El caso generó fuerte repercusión en Salta por tratarse de un miembro de la Policía Federal. Aunque no existieron vínculos entre sus funciones dentro de la fuerza y los delitos, su perfil técnico y conocimiento de procedimientos hicieron que el juez considerara indispensable mantenerlo detenido.

Al fundamentar la prisión preventiva, el magistrado destacó la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la posibilidad de que el imputado interfiera en la investigación mediante el manejo de tecnología. La causa sigue abierta, con análisis en curso de los dispositivos incautados, y podría elevarse a juicio en los próximos meses.

En la provincia, la noticia generó indignación y reavivó el debate sobre la necesidad de reforzar la lucha contra los ciberdelitos y la explotación sexual infantil, así como la cooperación entre organismos locales e internacionales para prevenir este tipo de delitos.


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