Rosario de la Frontera volvió a quedar bajo la lupa judicial tras un importante operativo antidroga que terminó con tres personas detenidas y el secuestro de plantas de marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes. La intervención policial, que se desarrolló en simultáneo en dos barrios de la ciudad, forma parte de una serie de acciones que buscan frenar el avance del narcomenudeo en el sur de la provincia, una problemática que preocupa cada vez más a los vecinos y a las autoridades locales.
El operativo se llevó adelante ayer, cuando efectivos de la División Contra la Narcocriminalidad irrumpieron en dos viviendas ubicadas en los barrios Ex Progreso y 180 Viviendas. Ambas direcciones habían sido señaladas en una investigación previa que apuntaba a la existencia de un circuito de venta de droga en pequeña escala. Tras semanas de seguimiento y tareas de inteligencia, la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera solicitó las medidas judiciales correspondientes, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías 2.
Al ingresar a los inmuebles, los efectivos encontraron plantas de marihuana en diferentes etapas de crecimiento, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos, anotaciones, frascos, envoltorios vacíos, dispositivos de almacenamiento y artículos que suelen utilizarse para fraccionar y preparar la sustancia para su posterior comercialización. La presencia de estos materiales reforzó la hipótesis de los investigadores sobre la existencia de puntos de venta activos dentro de la ciudad.
Durante los procedimientos se detuvo a tres personas: dos hombres y una mujer, todos mayores de edad. Según fuentes de la investigación, los involucrados podrían formar parte de un mismo circuito de suministro local, aunque es la Justicia la que deberá determinar si actuaban de manera organizada o si tenían roles independientes dentro de la actividad delictiva. En ambos escenarios, la tenencia de marihuana destinada a la comercialización configura un delito severo dentro del marco legal argentino.
El caso no tardó en generar repercusión entre los vecinos de Rosario de la Frontera, particularmente en las zonas intervenidas. Los barrios Ex Progreso y 180 Viviendas vienen enfrentando, desde hace algunos meses, un aumento en las denuncias por movimientos sospechosos, presencia de personas ajenas al lugar y ruidos constantes durante la noche. Para muchos habitantes, los allanamientos representan una respuesta concreta a un reclamo que venían sosteniendo ante las autoridades policiales y municipales: reforzar la seguridad y combatir los puntos de venta de droga que afectan la vida cotidiana.
La comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades —lo que comúnmente se conoce como narcomenudeo— se ha convertido en una problemática recurrente en Rosario de la Frontera, al igual que en otras ciudades del sur salteño. La cercanía con rutas provinciales y nacionales facilita el movimiento de sustancias ilícitas, mientras que la vulnerabilidad social y la falta de oportunidades laborales crean un entorno donde el comercio ilegal puede encontrar terreno fértil. Las autoridades, conscientes de este escenario, han intensificado las estrategias de control en zonas donde se presume la existencia de puntos de venta.
El operativo de ayer fue resultado de un trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía Penal local, que desde hace meses analizan patrones de actividad sospechosa en distintos sectores de la ciudad. La intervención simultánea en dos viviendas sugiere que la investigación tenía objetivos concretos y que se buscaba evitar la filtración de información o el ocultamiento de pruebas. La estrategia de realizar allanamientos en paralelo es común en casos que involucran comercialización de drogas, ya que aumenta la probabilidad de encontrar evidencia clave y evitar fugas.
Tras la detención de los tres sospechosos, la causa entró en una fase de análisis más profunda. La Fiscalía deberá evaluar la cantidad y calidad de la sustancia incautada, así como los elementos encontrados en los allanamientos. También se examinarán los teléfonos celulares secuestrados, que suelen aportar información valiosa sobre contactos, transacciones, rutas de abastecimiento y conexiones con otros actores del circuito delictivo. Este análisis digital se ha convertido en una herramienta central para el avance de las investigaciones relacionadas con drogas en la provincia.
Asimismo, los investigadores deberán determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos. No es lo mismo estar involucrado en el cultivo de plantas de cannabis dentro de una vivienda que participar directamente en la venta o distribución de la sustancia. La Justicia también evalúa si existían menores de edad en los domicilios o si se detectaron condiciones de riesgo, lo que podría agravar la situación procesal de los acusados. Cada uno de estos elementos será clave para definir el rumbo penal de la causa.
