En un caso que conmocionó a la localidad de Cerrillos, en el corazón de la provincia de Salta, un ex empleado municipal de 63 años reconoció haber estafado a una madre que enfrentaba el profundo dolor por la pérdida de su hija.
El hombre, aprovechando la vulnerabilidad emocional de la víctima, le prometió un terreno en el cementerio municipal a cambio de pagos que sumaron $175.000, pero nunca cumplió con lo acordado. La justicia, a cargo del juez Marcelo Rubio, resolvió suspender el juicio a prueba por dos años, imponiendo al acusado una serie de condiciones y una reparación económica millonaria.
El hecho ocurrió el 9 de mayo de 2023 en el barrio Santa Rosa de Cerrillos, una zona tranquila del Valle de Lerma, conocida por su comunidad unida. Según la investigación de la fiscal Mónica Viazzi, el imputado se acercó a la víctima en un momento de extrema fragilidad, ofreciéndole un lote en el cementerio para honrar a su hija fallecida. Con promesas vacías y sin entregar ningún tipo de documentación, el hombre logró que la mujer realizara varias transferencias bancarias, totalizando $175.000, que fueron a parar directamente a su bolsillo.
La maniobra del acusado no solo dejó a la víctima sin el terreno prometido, sino que también profundizó su sufrimiento. La fiscal Viazzi destacó que el caso configura un claro delito de estafa, ya que el hombre actuó con premeditación para obtener un beneficio económico indebido. La comunidad de Cerrillos, al conocerse el caso, expresó su indignación por el abuso de confianza hacia una persona en duelo, un hecho que golpea los valores de solidaridad tan arraigados en la región.
Como parte de la resolución judicial, el imputado deberá pagar $2.000.000 en concepto de reparación del daño, en cuatro cuotas mensuales de $500.000, a partir de octubre de 2025. Los pagos se realizarán mediante depósitos en una cuenta bancaria habilitada por el juzgado, garantizando que la víctima reciba una compensación económica. Además, el hombre deberá cumplir con reglas de conducta estrictas, como abstenerse de cometer nuevos delitos y evitar el consumo excesivo de alcohol o drogas.
El juez Rubio también ordenó que el acusado realice tareas comunitarias en la Iglesia San José de Cerrillos durante tres meses, con una carga de ocho horas mensuales. Esta medida busca que el hombre contribuya a la comunidad que afectó con su accionar. Asimismo, se le impuso la obligación de fijar domicilio, informar cualquier cambio y abstenerse de cualquier acto de violencia física o psicológica hacia la familia de la víctima, a quien además deberá ofrecer disculpas formales.
Este caso, que sacudió a la localidad salteña, pone en evidencia la importancia de la transparencia en trámites relacionados con servicios públicos, como los cementerios municipales. En Salta, donde el dolor por la pérdida de un ser querido es un momento sagrado, hechos como este generan un fuerte rechazo social. La justicia, con su fallo, busca no solo reparar el daño causado, sino también enviar un mensaje claro: la explotación del sufrimiento ajeno no quedará impune en la provincia.
