Un fallo judicial en Metán ordenó a un padre salteño pagar una cuota alimentaria superior al millón de pesos en el marco de una causa por violencia de género. La medida fue dictada por el juez de Violencia Familiar y de Género, Carmelo Paz, quien resolvió aplicar el índice de “Crianza” del INDEC para calcular el monto que el hombre deberá abonar por sus dos hijas menores.
La resolución establece que el progenitor deberá pagar 542.183 pesos mensuales por cada hija durante seis meses, lo que en total supera ampliamente el millón de pesos. El cálculo se basa en el índice oficial que refleja el costo mensual de criar a un niño o niña en Argentina, considerando la franja etaria de cada una y las actualizaciones mensuales publicadas por el INDEC.
Además, se fijó que durante esos seis meses se debe iniciar la demanda de alimentos en el fuero Civil de Personas y Familia. Mientras tanto, el padre tendrá que acreditar el cumplimiento de los depósitos bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. También podría ser incluido en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que implica restricciones legales y administrativas según la ley provincial 7411.
El caso marca un antecedente en la provincia de Salta, no solo por el monto fijado, sino también por el uso explícito del índice “Crianza” en una causa relacionada con violencia de género. Esta herramienta, que contempla los gastos mensuales estimados para la crianza de hijos, busca que las cuotas alimentarias reflejen el verdadero costo de vida y no queden desactualizadas frente a la inflación.
En contextos como el de Metán y otros departamentos salteños, donde muchas madres crían solas a sus hijos y enfrentan situaciones económicas difíciles, decisiones judiciales como esta cobran especial relevancia. Garantizar una cuota justa no solo asegura lo básico —alimentación, educación, salud—, sino también un piso de dignidad para la infancia.
Para la Justicia local, este tipo de resoluciones también funciona como advertencia: no cumplir con la asistencia económica ordenada puede tener consecuencias penales y administrativas. Más allá del aspecto legal, subraya la responsabilidad moral y social de los progenitores, especialmente en causas atravesadas por la violencia intrafamiliar.
El uso del índice “Crianza” puede convertirse en una herramienta clave en la provincia para establecer cuotas más realistas, sobre todo en un contexto económico como el actual, donde los precios cambian mes a mes y el poder adquisitivo de las familias se ve constantemente afectado.
