La Justicia de Orán investiga a un oficial de la Policía de Salta acusado de sustraer dinero que se encontraba bajo su custodia, vinculado a una causa penal en trámite. El agente, que hasta hace pocos meses prestaba servicios en la Brigada de Investigaciones de esa ciudad, fue imputado por hurto calificado con llave retenida y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa se inició luego de que personal jerárquico advirtiera inconsistencias en la custodia de bienes secuestrados, entre ellos una importante suma de dinero perteneciente a un expediente judicial. Las sospechas se centraron en el oficial, quien habría retenido indebidamente una llave que daba acceso a un cofre bajo su responsabilidad, lo que habría facilitado la sustracción de los fondos.
Al tomar conocimiento de la situación, la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murua, dispuso una serie de medidas urgentes. Entre ellas, el secuestro del teléfono celular del sospechoso y otros elementos de interés para la investigación. Además, se ordenaron pericias y la toma de muestras que podrían resultar claves para determinar su participación en el hecho.
De acuerdo con lo que trascendió de la investigación, el agente también habría incurrido en contradicciones al ser indagado por el faltante de dinero, e incluso demoró sin justificación el cumplimiento de una orden fiscal que disponía la entrega de los bienes secuestrados. Estos elementos reforzaron la hipótesis de una posible maniobra interna orientada a sustraer fondos vinculados a causas penales.
En el entorno policial, el caso generó preocupación y malestar, ya que se trata de una dependencia clave en la lucha contra el delito en el norte salteño. La Brigada de Investigaciones de Orán es la encargada de custodiar bienes y valores secuestrados en procedimientos, así como de resguardar evidencias judiciales, por lo que los controles sobre su personal son estrictos. Sin embargo, este hecho expuso posibles falencias en los mecanismos internos de control y custodia.
La imputación contra el oficial representa un paso importante en la causa, aunque la fiscalía no descarta que surjan nuevas responsabilidades. A medida que avanza el análisis de los elementos secuestrados, podrían disponerse ampliaciones de imputación o nuevas medidas sobre otros efectivos que hayan tenido acceso a los bienes.
El episodio reaviva el debate sobre los controles internos en las fuerzas de seguridad, especialmente en dependencias donde se manejan fondos y bienes vinculados a causas judiciales. En los últimos años, se implementaron protocolos para reforzar la trazabilidad de los secuestros, pero los hechos recientes evidencian que aún existen vulnerabilidades.
En Orán, la noticia despertó atención tanto en el ámbito judicial como en la comunidad, donde la confianza en las instituciones policiales es un tema sensible. Casos como este ponen en primer plano la necesidad de mantener mecanismos transparentes de control y rendición de cuentas dentro de la fuerza.
Mientras tanto, la investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Murua, quien busca determinar con precisión la cantidad de dinero faltante y el circuito que siguieron los fondos una vez sustraídos. También se analiza si el acusado actuó solo o con la colaboración de terceros, y si el hecho podría encuadrarse dentro de un entramado más amplio de irregularidades.
El oficial imputado permanece a disposición de la Justicia, mientras se define su situación procesal. Hasta el momento, no se ordenó su detención, aunque la fiscalía mantiene la posibilidad abierta en caso de que surjan nuevos elementos de prueba que justifiquen esa medida.
Con este caso, la Justicia salteña vuelve a poner la lupa sobre el manejo de bienes judicializados y la responsabilidad de los funcionarios encargados de su custodia. En una provincia donde la transparencia institucional es un desafío permanente, cada episodio de este tipo reitera la necesidad de controles más rigurosos y de una política clara de sanciones frente a los abusos de poder.
