La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un giro inesperado que podría jugar a favor del país: el Gobierno de Estados Unidos anunció que respaldará a la Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Lo hará a través de una presentación formal del Departamento de Justicia (DOJ) como amicus curiae, es decir, “amigo del tribunal”, una figura que busca aportar argumentos a favor del demandado en una causa compleja.
La intervención norteamericana se conoce justo cuando el Estado argentino intenta frenar la ejecución del fallo que, en 2023, emitió la jueza Loretta Preska, y que condena a la Argentina a pagar más de USD 16 mil millones a Burford Capital, el fondo buitre que compró los derechos litigiosos tras la expropiación mal ejecutada de la petrolera en 2012.
El documento de respaldo fue firmado por David E. Farber, asistente del fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, y será presentado oficialmente en los próximos días ante la Cámara de Apelaciones.
El foco: frenar la entrega de acciones
El eje del reclamo actual es el pedido de Burford de quedarse con el 51% de las acciones que el Estado argentino aún posee en YPF, un capítulo paralelo a la disputa por la millonaria indemnización.
Desde el Gobierno nacional apuntan a suspender cualquier tipo de ejecución de la sentencia mientras se resuelve la apelación. En ese camino, el respaldo de Estados Unidos es una jugada clave que podría inclinar la balanza a favor del país sudamericano, al menos en este tramo del litigio.
Fuentes de Cancillería confiaron que la estrategia judicial incluye buscar más apoyos internacionales, con la intención de que otras naciones se presenten también como amicus curiae en favor de Argentina. Entre los países que podrían sumarse estarían Uruguay, Paraguay y El Salvador, además de Italia, Francia y Alemania.
Una batalla legal que no termina
El conflicto judicial por YPF lleva años acumulando capítulos. En 2023, la jueza Preska falló en contra del Estado argentino por considerar que la expropiación de la compañía, llevada a cabo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, fue mal ejecutada y violó acuerdos con accionistas privados.
Burford Capital, que había adquirido en su momento los derechos para litigar por parte de Petersen Energía (exaccionista de YPF), se convirtió así en el principal beneficiario del fallo. Desde entonces, Argentina intenta revertir o al menos frenar los efectos de esa sentencia, en especial evitar la entrega de acciones estratégicas de la compañía energética.
Aunque el respaldo del DOJ no implica una adhesión total al reclamo argentino, se interpreta como una señal política y diplomática fuerte. La presentación, de concretarse como está prevista, podría tener peso decisivo en la Cámara de Apelaciones, que aún debe definir si permite avanzar con la ejecución del fallo.
Apoyo limitado pero crucial
El analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, explicó en la red social X que la intervención del Gobierno de EEUU tiene un alcance limitado: solo se enfoca en evitar la entrega inmediata de las acciones de YPF y no cuestiona aún el fallo millonario. Es decir, no se mete con la cifra de USD 16.100 millones que Argentina debería pagar, pero sí busca que no se ejecuten medidas hasta que se resuelva la apelación.
Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuración del Tesoro —organismo que lleva adelante la defensa jurídica del país—, la presión diplomática y judicial seguirá aumentando en las próximas semanas. No se descarta que se sumen más actores internacionales ni que haya nuevas presentaciones estratégicas.
Mientras tanto, el equipo legal argentino en Estados Unidos, junto con estudios jurídicos privados contratados para el caso, prepara su propia presentación ante la Corte, reforzando la posición de que la expropiación fue una decisión soberana y que el fallo de Preska afecta la seguridad jurídica de futuras inversiones.
