Este miércoles, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, oficializó el cierre de dos iniciativas del extinto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: el Programa Acercar Derechos y el Registro Nacional de Organizaciones de Género. La decisión se formalizó mediante la Resolución 466/2025 y forma parte del plan del Gobierno para “achicar el Estado” y recortar “estructuras ideológicas” sin impacto tangible.
Cúneo Libarona sostuvo que ambas estructuras “no arrojaron resultados positivos”, acusándolas de sostener “militancia y cargos políticos” en lugar de asistencia efectiva. Asimismo, destacó que, según su gestión, los homicidios de mujeres bajaron un 14,3 % gracias a una política de “mano dura sobre agresores”.
La eliminación se ampara en una auditoría interna que detectó fallas en la trazabilidad y actualización de los casos: el 38 % sin acción de seguimiento, el 75 % de acciones sin movimiento en seis meses y 26 % de casos sin estrategia integral.
Cómo funcionaban los programas
El Programa Acercar Derechos, lanzado en 2022, brindaba apoyo integral (legal, psicológico y social) a mujeres y personas LGBTI+ en situaciones de violencia, y según informes internos había asistido a casi 22.000 personas. Por su parte, el Registro de Organizaciones de Género, creado en 2021, funcionaba como catálogo estatal de entidades sociales del sector. Ambas dependían del anterior ministerio, desmantelado al asumir Javier Milei y absorbido por Justicia.
Se informó que estas dos iniciativas eran parte de una tanda más amplia: en mayo se eliminaron 13 programas vinculados a género y diversidad, incluyendo MenstruAR, GenerAR, Sembrar Igualdad, entre otros, para reducir un gasto anual de más de $6.000 millones. La medida apunta a priorizar una política pública distinta, basada en contención familiar y “sin ideologías impuestas”.
Desde sectores especializados, como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, cuestionaron esta decisión: señalaron que los programas ya estaban inactivos, sin ejecución real, y que el cierre formal agrava el vaciamiento institucional sin diálogo previo con organizaciones territoriales. Además, alertaron que esta política puede recortar el acceso a derechos en zonas donde el Estado nacional era el garante principal.
