La oposición dio un paso en el tratamiento de la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), pero lo hizo dividida. Este martes, durante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, se logró un dictamen de mayoría que dejó lista la iniciativa para ser debatida en el recinto, aunque la falta de acuerdo entre bloques opositores mantiene incertidumbre sobre su futuro.
La UCR y el PRO no firmaron ningún dictamen, mientras que la Coalición Cívica presentó un texto propio. Por su parte, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre podrían intentar lograr la sanción, aunque están lejos de alcanzar los dos tercios necesarios para asegurar su aprobación sin obstáculos.
Hace tres semanas, el Senado había dado media sanción al proyecto que modifica la ley 26.122, con un respaldo mayoritario: 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. La decisión tomó por sorpresa al Gobierno, que ahora evalúa las implicancias de la reforma y la posibilidad de sostener un veto si el proyecto llegara al despacho presidencial.
Actualmente, la ley establece que los DNU sólo pueden ser rechazados con el voto negativo mayoritario tanto del Senado como de Diputados. Esto implica que el oficialismo de turno puede mantener un decreto vigente con mayoría simple en una de las Cámaras, y que, si el Congreso no se pronuncia, los decretos continúan vigentes.
La reforma que impulsa la oposición introduce cambios significativos: fija un límite de 90 días corridos para que el Congreso se expida. Si el tema no se trata en ese plazo, los decretos caducan automáticamente. Además, exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes. En este escenario, la oposición podría invalidar decretos reuniendo mayoría en sólo una de las Cámaras.
De aprobarse, la nueva norma modificaría radicalmente la dinámica de los gobiernos en minoría, ya que los Ejecutivos no podrían avanzar con decretos sin consensos mayoritarios en el Congreso. La lógica de gestión actual, en la que los DNU permiten sortear bloqueos parlamentarios, se vería reemplazada por un esquema donde la construcción de acuerdos mayoritarios sería un requisito casi ineludible para gobernar.
Analistas destacan que la discusión no sólo tiene implicancias legales sino también políticas, ya que redefine la relación entre Ejecutivo y Legislativo y condiciona la capacidad del Gobierno para implementar su agenda en períodos donde no cuenta con amplias mayorías. La atención ahora se centra en cómo los bloques opositores lograrán consensuar un texto definitivo y si el oficialismo ejercerá su derecho a veto para proteger la vigencia de los DNU.
