Aseguró que el presidente Javier Milei vetará cualquier ley que rompa el equilibrio de las cuentas públicas y que, si es necesario, judicializarán las decisiones legislativas.
“Si nos atacan, no nos vamos a quedar quietos”, lanzó Francos en declaraciones a Radio La Red, mientras en la Cámara Alta se preparan para debatir siete iniciativas clave, entre ellas el aumento para jubilados, la emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan, el reparto automático de ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles.
Francos acusa a los gobernadores de romper el equilibrio fiscal
El funcionario nacional acusó a los mandatarios provinciales de aliarse para “sacarle plata al Gobierno” en un contexto de máxima tensión. “Todos los gobernadores se unieron detrás de esos objetivos que rompen el equilibrio fiscal. Si se aprueban, se vetarán. Y si insisten, se judicializarán”, sentenció.
Para Francos, los gobernadores ponen en riesgo la credibilidad del rumbo económico del país. “Queremos salir del país que fuimos. Si nos atacan en estos temas vamos a responder, no nos quedaremos quietos ni callados”, advirtió con tono desafiante.
Qué dicen desde el Ejecutivo sobre los ATN y combustibles
En relación al proyecto que busca coparticipar automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Francos explicó que esos fondos “no son para distribuir discrecionalmente entre provincias”, sino que están asignados para situaciones específicas como emergencias, inundaciones o incendios.
Sobre el impuesto a los combustibles, señaló que su recaudación “tiene destinos concretos por ley”, como subsidios al transporte, reparaciones de rutas y mantenimiento de infraestructura. “No es dinero que el Gobierno tenga disponible para repartir como quieren los gobernadores”, subrayó.
Tensión política y dudas en el Senado
En paralelo, mientras el oficialismo saca cuentas para frenar las leyes en el recinto, los gobernadores dialoguistas también analizan cómo moverse. Un sector evalúa dar marcha atrás con el apoyo a los proyectos ante el temor de un endurecimiento del Gobierno nacional que afecte aún más la relación con las provincias.
Las siete iniciativas que se debaten en la Cámara Alta podrían provocar un fuerte impacto fiscal —algo que ni Milei ni su Gabinete están dispuestos a permitir. Según el Ejecutivo, los proyectos implican más del 2,5% del PBI, una cifra que pondría en jaque el ajuste y el acuerdo con organismos internacionales.
La advertencia final: veto o judicialización
Francos fue tajante: “No hay margen para leyes que generen más gasto. Todo lo que comprometa el equilibrio fiscal va a ser rechazado. Y si se aprueba, se vetará. Si insisten, iremos a la Justicia”.
El mensaje fue leído como un aviso directo a los gobernadores que buscan mejorar sus cuentas con fondos nacionales. El Gobierno dejó claro que no habrá concesiones, ni siquiera en un año electoral.
