Los gobernadores realizaron una avanzada en el Congreso nacional, con leyes que les permitirían conseguir más fondos. Esto generó un duro cruce con la Casa Rosada. En este contexto, el diputado nacional salteño Carlos Zapata salió al cruce y señaló que lo que hicieron no tiene sustento "ni económico ni fiscal".
"Ellos (los gobernadores) buscan proteger lo suyo. Pero el problema es que los gobernadores están viendo que La Libertad Avanza se va a imponer en octubre, y eso significa que van a perder poder en el Congreso. Entonces empiezan a presionar para meter candidatos propios en las listas a cambio de apoyo político", aseguró el legislador libertario.
Zapata explicó que, ante el crecimiento electoral del espacio liderado por Javier Milei, algunos gobernadores intentan negociar lugares en las listas legislativas nacionales o condicionar el respaldo en el Congreso a cambio de beneficios concretos.
"Es una actitud extorsiva. Usan como excusa el pedido de más fondos, pero en realidad quieren conservar su estructura clientelar y el control de sus territorios. Lo que están haciendo es jugar con las reglas del pasado, y eso ya no funciona más", afirmó.
Zapata fue más allá y cuestionó el uso que las provincias han hecho de los fondos coparticipables durante los últimos 40 años. En particular, apuntó contra el gobernador salteño Gustavo Sáenz, a quien acusó de haber incrementado de manera desproporcionada el gasto público sin mejorar el desarrollo provincial.
"Hace dos gestiones había 40 mil empleados públicos. Hoy hay 100 mil. En ese momento la inversión en obra pública era del 22%, ahora es del 8%. ¿Qué hicieron con los recursos? Los usaron para engordar el aparato estatal", disparó.
Respecto al reciente intento de los gobernadores por declarar coparticipable el impuesto a los combustibles, Zapata aseguró que la medida no tiene sustento técnico ni fiscal. "La Nación dejaría de contar con ese recurso, y las provincias lo piden sin explicar en qué lo van a usar", dijo.
Frente a las leyes votadas en el Senado con apoyo de sectores opositores y mandatarios provinciales, Zapata anticipó que el Ejecutivo vetará aquellas que impliquen mayor gasto o violen normas constitucionales y financieras. "Se violó el reglamento del Senado y la Ley de Administración Financiera. El presidente tiene la potestad de vetar. Y estoy seguro de que los vetos se van a sostener en Diputados, porque el oficialismo tiene los votos para eso", agregó.
Zapata fue enfático al asegurar que La Libertad Avanza no cederá lugares en sus listas a candidatos que respondan a los gobernadores, y que las próximas elecciones serán clave para consolidar el rumbo económico y político del país. En este punto destacó que en Salta "LLA no incluirá candidatos del gobernador". Y que con el liderazgo de Alfredo Olmedo vienen teniendo muy buenos resultados electorales.
"Hundieron a los productores de tabaco"
Carlos Zapata también criticó con dureza la reciente reforma del impuesto al tabaco contemplada en la Ley Bases.
"El año pasado hubo una gran campaña para atacar a quienes no pagaban el impuesto mínimo interno a los cigarrillos. Yo fui una de las víctimas de esa campaña", denunció Zapata. Según explicó, la empresa Tabacalera Sarandí fue el blanco de ese operativo, impulsado por Massalin Particulares, tabacaleros y políticos.
"Dijeron que el problema era la baja recaudación del impuesto mínimo, y la solución que ofrecieron fue eliminarlo. ¿Con qué cara sostienen que querían mejorar la recaudación?", se preguntó el diputado, remarcando que con la reforma "se derogó el impuesto mínimo" y se habilitó "un margen de evasión del 20%" en la diferencia entre el precio declarado y el valor final en el kiosco.
"No aumentó la recaudación del Fondo Especial del Tabaco, como prometió (Gustavo) Sáenz, sino que bajó", dijo y cuestionó que el cambio impulsó a las grandes empresas a lanzar nuevas líneas de cigarrillos más baratos, a $1.200.
El final de Vialidad
Por otra parte, el diputado Zapata salió en defensa de la medida del Gobierno nacional que dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. "Es un reacomodamiento de la administración del Estado conforme a la facultad de autoridad que otorga la Ley Bases", afirmó.
Y agregó: "Vialidad tenía 5.000 empleados, de los cuales 1.500 tenían tutela gremial, o sea, eran delegados sindicales. No podemos tener una infinidad de agencias que tienen fines similares y funcionarios que hacen lo mismo".
