En una nueva derrota judicial para el Estado argentino, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, resolvió rechazar el pedido enviado por el Gobierno para suspender la transferencia de acciones de YPF a la empresa Burford Capital, tal como ocurre en el fallo que data de septiembre de 2023.
El Ejecutivo nacional había solicitado frenar el traspaso sin garantías, pero Preska sostuvo que la Argentina no cumplió con las 'condiciones previas' que habían permitido acceder a una moratoria temporal. La sentencia advierte que cualquier daño que alegue el país “se deriva directamente de su propia demora e intentos de eludir sus obligaciones”.
El Gobierno, anticipando este desenlace, ya presentó una apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, con la intención de retrotraer la situación, aunque la transferencia sigue avanzando sin trabas legales.
El argumento duro de Preska: “El país elude obligaciones”
En su escrito, la jueza subrayó que la administración argentina se aprovechó de una prórroga temporal para rearmarse tras el cambio de gobierno. “Aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas”, señaló Preska, que describió como dilatorias las maniobras presentadas por la defensa argentina.
La magistrada añadió que, ante el reclamo por un daño irreparable si no se aplaza la cesión, “cualquier daño se deriva de las propias acciones de la República”. En ese sentido, la jueza dejó en claro que la Argentina no puede reclamar una suspensión sin haber cumplido los requisitos previamente establecidos.
El contexto del juicio y el impacto
En 2012, la expropiación de YPF fue el punto de partida del litigio, con Burford Capital siendo el principal demandante por fondos de inversión afectados.
En la sentencia de 2023, el tribunal norteamericano ordenó la transferencia de acciones a Burford como parte del pago de una indemnización.
Tras ese fallo, el Gobierno buscó demorar la entrega por el impacto político y económico que supondría para una empresa estratégica como YPF.
Las maniobras para aplazar la transferencia incluyeron pedidos de suspensión sin garantías, que hoy fueron desestimadas por Preska.
