Un control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 141 derivó en la detección de importantes irregularidades en el transporte de minerales dentro del corredor que conecta a San Juan con Mendoza. El hallazgo, que involucró a un camión con acoplado cargado con unas 30 toneladas de cuarzo, volvió a poner en relieve la necesidad de fortalecer los controles destinados a evitar movimientos ilegales de minerales, una problemática que afecta a varias provincias del país y que también preocupa en Salta por el constante tráfico de cargas que atraviesan el NOA rumbo a los puertos y a distintas industrias.
Según informó Gendarmería Nacional, el procedimiento estuvo a cargo del personal del Escuadrón 66 “San Juan”, que realizaba tareas de prevención en un punto estratégico del paraje Forestal, un tramo muy transitado por transportes mineros que realizan el recorrido entre Valle Fértil y la provincia de Mendoza. El control formaba parte de un operativo rutinario, pero la falta de documentación rápidamente derivó en actuaciones administrativas y judiciales.
Al detener la marcha del camión, los uniformados solicitaron la documentación correspondiente al transporte de minerales, como se exige en toda la región de Cuyo y el NOA. El conductor, sin embargo, no pudo presentar la Guía de Tránsito de Minerales y Rocas de Aplicación, un documento obligatorio que permite verificar el origen, el destino y la legalidad de la carga. La ausencia de este certificado implicó una infracción directa a la Ley Provincial 494-M, normativa que regula la actividad minera en San Juan y establece sanciones ante cualquier irregularidad vinculada al movimiento de sustancias minerales.
La carga, compuesta por cuarzo, estaba siendo trasladada sin ningún respaldo formal que garantizara su procedencia. Para las autoridades, esto representa un punto crítico, ya que uno de los ejes de la legislación minera es evitar que recursos naturales sean explotados o comercializados fuera de los marcos legales establecidos. El cuarzo, si bien no es un mineral metálico, es altamente demandado en numerosas industrias y su extracción informal suele generar circuitos económicos irregulares que afectan la recaudación fiscal y la trazabilidad de la producción.
Ante la evidente falta de documentación, el personal de Gendarmería labró las actuaciones correspondientes y dio intervención inmediata al Juzgado de Paz de Caucete y al Ministerio de Minería de la provincia de San Juan. Ambos organismos deberán determinar ahora si existió una infracción administrativa, un incumplimiento grave o incluso si corresponde avanzar en una investigación más profunda respecto al origen del cuarzo y al circuito comercial al que estaba destinado.
Este tipo de procedimientos, aunque ocurren fuera de Salta, son seguidos con atención por autoridades provinciales y empresas locales vinculadas a la minería. La provincia forma parte de un mapa minero en expansión, donde el transporte de sustancias como litio, boratos, áridos y minerales industriales se incrementó notablemente en los últimos años. Los controles en rutas nacionales y provinciales son clave para impedir que parte de esa producción se desvíe hacia circuitos informales o salga sin la documentación requerida.
Expertos de la región señalan que la falta de la Guía de Tránsito no siempre implica una actividad delictiva, pero sí una irregularidad seria, ya que ese documento permite verificar la cadena de valor completa: desde la extracción hasta el destino final. Sin ese respaldo, es imposible determinar si el mineral proviene de un yacimiento habilitado, si cumple las exigencias ambientales o si el transporte paga los tributos correspondientes. En muchos casos, estas irregularidades buscan evitar controles impositivos o esconder el origen real de la mercadería.
El operativo se dio en un contexto de creciente preocupación en todo el país por el traslado irregular de minerales. En provincias como Salta, donde el desarrollo de la minería del litio y el aumento de obras viales impulsaron la demanda de áridos y minerales no metalíferos, los controles son constantes. Las autoridades salteñas han implementado operativos periódicos en rutas clave, como la Nacional 34 y la Provincial 5, con el objetivo de garantizar que el transporte cumpla con la normativa vigente. En ese sentido, lo ocurrido en San Juan se percibe como un antecedente más que reafirma la necesidad de mantener una vigilancia estricta.
