Los mandatarios provinciales, incluido Gustavo Sáenz, se plantaron y cerraron la grieta al coincidir en que el Gobierno nacional de Javier Milei detuvo las obras en rutas nacionales y disolvió Vialidad, dejando miles de kilómetros sin mantenimiento.
La situación se agravó tras la aprobación en el Senado de leyes que destinan los fondos del impuesto a los combustibles a obras provinciales.
En Salta, el juez federal Gustavo Montoya exigió mejoras urgentes en la Ruta 50 (Orán–Pichanal) en un plazo de 60 días. En Córdoba, la Ruta 7 permaneció inhabilitada tras la caída de un puente, mientras que Santa Fe, Salta, Río Negro y Córdoba ya reportan rutas en estado “herido, roto y olvidado”.
Se disuelve Vialidad y crece el malestar
Milei dispuso la clausura de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo centenario en Argentina, que llevaba casi 40 000 km de rutas bajo su órbita, y transfirió sus funciones a Economía y Seguridad, priorizando la privatización vial. La medida provocó el despido de unos 5 000 empleados y aumentó el riesgo de accidentes.
Los gobernadores sostienen que, a pesar de que el impuesto a los combustibles recaudó billones (2 billones de pesos en 2024), muy poco volvió a infraestructura vial en el interior. Neuquén y Río Negro presentaron demandas judiciales y proyectos para que se eliminen los fideicomisos de combustible –reclamando contra el desvío de fondos– para gestionar directamente sus rutas.
Gobernadores como Weretilneck (Río Negro), Figueroa (Neuquén) y Cornejo (Mendoza) plantean hacerse cargo del mantenimiento de rutas nacionales –RN 22, 151, 231, 242, la 7 y la 34– bajo un sistema de peajes o concesiones localizadas .
