Una Corte de Apelaciones de Nueva York frenó momentáneamente la orden que obligaba a Argentina a ceder el 51 % de su paquete en YPF, en medio del litigio por los USD 16 100 M que reclama Burford Capital. Mientras tanto, el Gobierno nacional redobla su estrategia jurídica y diplomática para preservarlo.
En junio de 2025, la jueza de primera instancia Loretta Preska ordenó entregar las acciones como pago parcial del veredicto de 2023: USD 16 100 M a favor de Burford y Eton Park por irregularidades en la expropiación de YPF en 2012.
Argentina apeló el fallo y pidió una suspensión, basándose en que la transferencia violaría legislación interna, soberanía nacional y el Foreign Sovereign Immunities Act de EE. UU.
Estrategia legal y diplomática
El Estado apeló directamente ante el Segundo Circuito (el 10 de julio), apoyado por el estudio Cleary Gottlieb.
Simultáneamente, se impulsa una movida diplomática para sumar amigos del tribunal: Uruguay, Paraguay, El Salvador, así como Italia, Francia y Alemania podrían unirse al amicus curiae argentino. Además, Washington reafirmó su postura con un nuevo escrito del DOJ, que reitera que la jueza Preska no debería obligar a la entrega de bienes soberanos argentinos.
Impacto y próximos plazos
- El fallo de Preska podría encarar un recurso final en la Corte Suprema de EE. UU.
- El plazo clave es el 17 de julio, fecha en que el Segundo Circuito emitirá su resolución sobre la suspensión. Argentina tiene hasta ese día para reforzar su apelación
- El caso está en el ojo político nacional: el gobierno de Javier Milei enfrenta una puja interna con sectores que recuerdan la gestión de Cristina Fernández‑de‑Kirchner y Axel Kicillof, criticando la expropiación de 2012
