La reciente decisión de la Cámara Federal de San Martín de revocar la prisión preventiva de Alesia Abaigar, exdirectora del Ministerio de la Mujer bonaerense y militante de La Cámpora, pone en el centro del debate la delicada relación entre la justicia penal, la política y la percepción pública de imparcialidad.
Este caso, vinculado al ataque con excremento al domicilio del diputado José Luis Espert, revela tensiones estructurales en el sistema judicial argentino, donde las decisiones pueden interpretarse tanto como un acto de rigor técnico como una muestra de lenidad o, incluso, de sesgo político.
La resolución de los jueces Néstor Barral, Alberto Lugones y Pablo Flores se fundamenta en la ausencia de riesgos procesales que justifiquen la detención preventiva de Abaigar. La colaboración de la imputada, su falta de antecedentes penales y la baja escala penal de los delitos imputados —atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por razones políticas— son argumentos sólidos desde una perspectiva procesal. La decisión refleja un enfoque garantista, que prioriza la libertad durante el proceso penal salvo en casos de evidente riesgo de fuga o entorpecimiento. Sin embargo, la liberación bajo caución, cuyo monto aún está por definirse, podría interpretarse como un punto intermedio que busca equilibrar la sujeción al proceso con el principio de presunción de inocencia.
No obstante, el fallo no está exento de críticas. La defensa de Abaigar, encabezada por Adrián Albor, ha denunciado una presunta “persecución política”, argumentando que los hechos no justifican las calificaciones legales aplicadas y que el caso debería encuadrarse en delitos menores, como los contra el honor. Esta narrativa, que pone en cuestión la imparcialidad de la jueza Sandra Arroyo Salgado, alimenta un discurso recurrente en el kirchnerismo, que históricamente ha señalado al Poder Judicial como una herramienta de lawfare contra sus figuras. Aunque la Cámara no abordó estas acusaciones en su resolución, al limitarse a cuestiones procesales, el planteo de la defensa resuena en un contexto político polarizado, donde cualquier decisión judicial es susceptible de ser leída como un acto de alineamiento ideológico.
Por otro lado, el contraste con el caso de Eva Mieri, otra funcionaria kirchnerista que permanece detenida por cargos adicionales como malversación de caudales públicos, pone en evidencia las inconsistencias en la aplicación de criterios judiciales. Mientras Abaigar fue liberada, Mieri enfrenta una situación más gravosa, lo que podría interpretarse como una disparidad en el trato o como una respuesta a la gravedad diferencial de los delitos imputados. Esta disparidad refuerza la percepción de que el sistema judicial opera con márgenes de discrecionalidad que pueden ser cuestionados tanto por su rigor como por su laxitud.
Desde una perspectiva crítica, el caso Abaigar plantea interrogantes sobre el uso de la prisión preventiva en Argentina, una herramienta frecuentemente criticada por su aplicación arbitraria o desproporcionada. La decisión de la Cámara parece alinearse con estándares internacionales que desaconsejan la detención preventiva salvo en casos excepcionales, pero también expone la fragilidad de un sistema judicial que lucha por mantener su legitimidad en un contexto de alta polarización. La liberación de Abaigar, aunque técnicamente fundamentada, no disipa las dudas sobre si la justicia actúa con la misma vara en todos los casos, especialmente cuando los imputados están vinculados a sectores políticos de peso.
En última instancia, este episodio subraya la necesidad de una reforma judicial que garantice mayor transparencia y uniformidad en los criterios procesales. Mientras tanto, el caso seguirá alimentando el debate sobre si la justicia es un árbitro imparcial o un campo de batalla donde se dirimen las disputas políticas del país.
