Un grave caso de explotación sexual de menores conmociona a Salta y pone bajo la lupa el accionar de las instituciones educativas y judiciales.
La investigación, que involucra a una presunta red de trata y captación de adolescentes, reveló una situación tan alarmante como dolorosa: uno de los acusados, menor de edad, sigue compartiendo aulas con las víctimas en la escuela Juan Carlos Saravia, ubicada en barrio Limache.
El caso salió a la luz tras la denuncia de una madre que descubrió, en el teléfono celular de su hija, transferencias de dinero vinculadas con encuentros sexuales pagos. En esas conversaciones también se mencionaba la participación de su otra hija, de apenas 12 años. El hallazgo encendió todas las alarmas y derivó en una denuncia penal que destapó un entramado de abuso y explotación dentro del entorno escolar.
Poco después, otra madre se sumó a las denuncias al asegurar que un compañero de sus hijas, de 13 y 16 años, intentó reclutarlas, mientras un hombre adulto realizaba gestos obscenos hacia ellas en la vía pública. A partir de esos testimonios, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) inició una investigación que rápidamente confirmó la existencia de un grupo organizado que captaba adolescentes con fines de explotación sexual.
En el marco de la causa, se llevaron adelante cinco allanamientos en distintos puntos de la capital salteña. Durante los operativos, los efectivos secuestraron computadoras, teléfonos celulares, discos externos, prendas íntimas, marihuana, un vehículo y otros elementos de interés para la investigación. Cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras se avanza en la identificación de otros posibles implicados.
Uno de los testimonios más desgarradores surgió de una de las víctimas, que declaró en Cámara Gesell y detalló cómo era trasladada en remises junto a otras chicas hacia hoteles del centro de la ciudad, donde eran obligadas a mantener encuentros sexuales con hombres adultos a cambio de dinero. En su relato, la joven también afirmó que les daban alcohol y drogas antes de cada encuentro, un dato que refuerza la hipótesis de que se trataba de una red organizada y con logística propia.
Sin embargo, lo que más conmoción generó entre las familias y docentes del establecimiento fue la presencia del menor acusado dentro del mismo colegio. Pese a la gravedad del caso, el estudiante continúa asistiendo a clases, lo que provocó temor, angustia y malestar entre las víctimas y sus familias. Ante la situación, las autoridades escolares implementaron clases virtuales alternadas para intentar proteger a las adolescentes, aunque en los últimos días se confirmó que algunas de ellas volvieron a coincidir con el acusado dentro de las aulas.
Esta situación fue calificada como “inaceptable” por referentes de organismos judiciales y de derechos humanos, quienes reclamaron la aplicación de protocolos de actuación urgentes y un acompañamiento psicológico efectivo para las jóvenes afectadas. También exigieron revisar las medidas adoptadas por el sistema educativo, que hasta ahora no habría brindado una solución definitiva para evitar la revictimización de las alumnas.
Fuentes de la investigación indicaron que más de veinte adolescentes podrían haber sido víctimas de la red, que operaba bajo un mecanismo de captación a través de contactos escolares y redes sociales. La magnitud del caso obligó a ampliar las pericias sobre dispositivos electrónicos secuestrados, con el objetivo de determinar la cantidad de víctimas y los posibles clientes adultos involucrados.
La comunidad educativa de Limache se encuentra conmocionada y exige respuestas concretas. Padres, docentes y vecinos manifestaron su preocupación por la falta de medidas firmes para resguardar a las estudiantes, señalando que la convivencia diaria entre víctimas y victimario genera un daño emocional incalculable.
Este hecho, que ya está en manos de la Justicia Federal, vuelve a poner en el centro del debate la ausencia de políticas de prevención, control y contención institucional frente a los casos de abuso y explotación que afectan a niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. La necesidad de fortalecer los protocolos escolares y garantizar la protección de los menores se presenta hoy como una urgencia impostergable.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso de la escuela Juan Carlos Saravia se convirtió en símbolo del reclamo social por mayor compromiso del Estado y las instituciones ante el flagelo de la trata de personas. En un escenario donde la violencia y el abuso siguen afectando a los sectores más indefensos, la comunidad salteña exige que haya justicia, contención y medidas reales para que ninguna víctima vuelva a cruzarse con su agresor dentro de un aula.
