La muerte de Javier Nicolás “Chino” Saavedra, uno de los principales imputados en la causa por el femicidio de Jimena Salas, conmocionó a la provincia y encendió las alarmas en el Servicio Penitenciario Provincial. El hombre fue hallado sin vida en un baño del pabellón D de la Alcaidía de Salta, hecho que derivó en la suspensión preventiva de cuatro agentes del Departamento de Vigilancia y Tratamiento.
El episodio se registró en horas de la tarde, cuando un interno del mismo pabellón advirtió la presencia de Saavedra herido en el baño. De inmediato se activó el protocolo sanitario, con la intervención del área médica del penal y el posterior traslado del detenido al hospital Señor del Milagro. Pese a los esfuerzos, el hombre no logró sobrevivir.
La noticia impactó fuerte en la comunidad salteña, especialmente por la trascendencia del caso judicial en curso, vinculado a la investigación del femicidio de Jimena Salas, que tiene como imputados a Saavedra y a sus hermanos. El inicio del juicio, previsto inicialmente para estos días, fue postergado hasta el 24 de septiembre.
A raíz del fallecimiento, el Servicio Penitenciario de Salta decidió suspender preventivamente a cuatro efectivos que estaban a cargo de la custodia y vigilancia en el pabellón D. Además, la situación motivó la inmediata intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, quienes llevan adelante una investigación exhaustiva para determinar posibles responsabilidades institucionales y evaluar si hubo irregularidades en el trato al detenido.
Desde el organismo penitenciario manifestaron que están colaborando plenamente con la Justicia y se comprometieron a respetar todas las disposiciones legales para asegurar la transparencia en el proceso. Hasta el momento, no se difundieron detalles precisos sobre cómo ocurrieron los hechos ni sobre la imputación específica a los agentes suspendidos, aunque la pesquisa continúa abierta y con máxima prioridad.
La muerte de un interno en una alcaidía siempre genera alarma, más aún cuando se trata de un caso de alto perfil como el que involucra a Saavedra. En este sentido, el Servicio Penitenciario expresó sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, al tiempo que remarcó la importancia de esclarecer lo sucedido para evitar futuras situaciones similares.
Este episodio pone en evidencia nuevamente los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario en Salta, donde la vigilancia y el tratamiento de los detenidos deben garantizarse con estrictos protocolos y condiciones que respeten los derechos humanos. La comunidad salteña sigue atentamente el avance de esta causa, esperando que la investigación arroje luz sobre los hechos y se haga justicia.
En paralelo, la postergación del juicio por el femicidio de Jimena Salas mantiene en vilo a la opinión pública local. La expectativa está puesta en la nueva fecha, el 24 de septiembre, cuando se espera que se retome el proceso judicial con todas las garantías legales para esclarecer uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos en Salta.
La tragedia que enluta a esta provincia del norte argentino abre un debate urgente sobre la responsabilidad y el control en las alcaidías provinciales, la capacitación del personal penitenciario y la necesidad de protocolos claros para manejar situaciones de emergencia, en un contexto donde la violencia y la tensión suelen ser moneda corriente.
Por ahora, el foco está puesto en la investigación y en la respuesta institucional para que no queden dudas sobre el manejo del caso. Salta, como siempre, sigue de cerca cada paso y exige que la justicia actúe con celeridad y transparencia en un hecho que sacudió a toda la sociedad provincial.
