La tranquilidad habitual del barrio Tres Cerritos quedó atravesada por preocupación y enojo luego de que siete familias denunciaran presuntos episodios de maltrato dentro de un jardín maternal de la zona. El caso, que generó revuelo en la comunidad educativa y puso en alerta a padres de toda la ciudad de Salta, avanza ahora hacia una instancia clave: la Fiscalía Penal 2 requirió formalmente que la causa sea elevada a juicio contra una joven docente auxiliar señalada como responsable de lesiones leves contra niños de apenas dos años.
Según se desprende del requerimiento presentado ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, la mujer, de 26 años, habría ejercido violencia física y psicológica sobre los pequeños a su cargo en la sala maternal. La imputación alcanza siete hechos distintos, cada uno correspondiente a un niño de la misma sala, considerados en concurso real. Además, la directora del establecimiento también quedó bajo imputación por su presunta responsabilidad en el marco del funcionamiento institucional.
El caso comenzó a tomar forma cuando los padres detectaron conductas inusuales en sus hijos. Algunos niños regresaban a casa con moretones; otros comenzaban a manifestar un rechazo persistente a asistir al jardín, algo llamativo para chicos de esa edad. Lo que inicialmente fueron señales aisladas se convirtió en un patrón preocupante que motivó la decisión colectiva de realizar denuncias penales. Según relataron los adultos responsables, los pequeños expresaban frases espontáneas como “la seño es mala”, o señalaban directamente que la docente “les pegaba” o “los empujaba”. Estas manifestaciones, repetidas por varios de ellos, despertaron la inquietud inmediata de las familias.
A partir de allí, la Fiscalía abrió una investigación que incluyó declaraciones testimoniales, pericias y un análisis minucioso del material de cámaras de seguridad del establecimiento. Estos registros audiovisuales, junto a los relatos de trabajadores y otras personas vinculadas a la institución, constituyeron —según el fiscal actuante— elementos probatorios sólidos que permiten sostener la acusación y avanzar hacia la instancia de juicio.
Durante la instrucción, los investigadores reconstruyeron el día a día dentro de la sala de 2 años. Se determinó que la docente investigada tenía a su cargo la asistencia directa de los alumnos durante gran parte de la jornada. Las pruebas reunidas habrían permitido identificar situaciones incompatibles con el trato adecuado que debe recibir un niño en un ámbito educativo, especialmente en una etapa tan temprana y sensible de desarrollo.
El requerimiento de elevación a juicio marca un paso decisivo dentro del proceso penal. Para las familias afectadas, se trata de un avance que esperan desde que iniciaron las denuncias. Para la Justicia, representa la convicción de que existen suficientes indicios para que los hechos sean debatidos en un juicio oral, donde deberán ventilarse con mayor profundidad las circunstancias, responsabilidades y eventuales consecuencias penales para las personas imputadas.
La noticia generó repercusión inmediata en Tres Cerritos y en otros barrios de la ciudad, donde el tema de la seguridad y el bienestar de los chicos en jardines maternales y escuelas suele ser uno de los que más preocupa a las familias. En Salta, como en el resto del país, la confianza depositada en las instituciones educativas es un pilar fundamental del día a día de miles de padres que trabajan y necesitan dejar a sus hijos en espacios seguros, cuidados y con personal capacitado.
Este caso volvió a poner en agenda el debate sobre los controles internos y externos en instituciones dedicadas a la primera infancia. La etapa maternal, especialmente entre los 2 y 3 años, es considerada clave por especialistas en desarrollo infantil, dado que los niños todavía no cuentan con herramientas comunicacionales plenas para relatar de forma precisa lo que viven dentro de un establecimiento. Esa vulnerabilidad hace que cualquier irregularidad adquiera un carácter aún más grave, y que la responsabilidad de los adultos responsables sea central.
En este contexto, muchos padres de la zona solicitan que el Ministerio de Educación y el área competente de Desarrollo Social refuercen la supervisión en jardines públicos y privados, con controles estructurales, revisiones periódicas y protocolos actualizados para prevenir situaciones de maltrato. La población infantil de la ciudad aumenta año tras año, y la demanda de jardines maternales crece al ritmo de las necesidades laborales de las familias salteñas. Por eso, el funcionamiento adecuado de estas instituciones no solo es un tema educativo, sino también social, comunitario y de salud emocional.
Mientras tanto, el establecimiento involucrado quedó bajo la lupa. Si bien no trascendieron medidas administrativas específicas adoptadas por el jardín, el hecho de que la directora esté también imputada refleja que el proceso investigativo apunta no solo a las acciones individuales de la docente, sino también a posibles fallas en la supervisión y el control interno. Las familias esperan que se determinen responsabilidades claras y que, más allá del proceso penal, se tomen medidas concretas que eviten que episodios de este tipo vuelvan a repetirse.
El paso a juicio abre una nueva etapa en la que tanto la defensa de la docente como los abogados de las familias tendrán oportunidad de argumentar, presentar pruebas y ampliar detalles sobre los hechos que desencadenaron la causa. Será el tribunal quien finalmente determine si existieron o no lesiones leves y maltrato hacia los siete niños denunciantes. En cualquier caso, el tema ya encendió una luz de alerta en torno a los sistemas de control institucional y las medidas de prevención en jardines maternales.
