Un reciente robo filmado en Finca Karina, barrio limítrofe con Bolivia en Salta, reavivó fuertes críticas sobre la seguridad en la zona. Un video que circula en redes muestra cómo un hombre es asaltado a plena luz del día en la calle, sin que haya intervención policial ni control alguno. El agresor golpea y reduce a la víctima para robarle sus pertenencias, y luego se escapa sin que nadie lo detenga. El hecho evidencia un vacío institucional alarmante en lo que muchos vecinos definen como “zona liberada”.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, denunció que en Finca Karina opera una especie de aduana clandestina gestionada por bandas del contrabando: el cobro de peaje por paso de mercadería, autos y gomones bolivianos se vuelve rutina. Según Zigarán, circulan hasta tres millones de pesos diarios por ese lugar, sin control ni presencia estatal.
En un operativo reciente, Gendarmería bloqueó los accesos a la finca a las 5 AM, se registraron disparos intimidatorios y se cortó el paso ilegal durante unas horas. Sin embargo, apenas concluido el operativo, el paso clandestino volvió a activarse junto con el comercio irregular en Aguas Blancas
Aduana paralela a la vista de todos
Este operativo evidenció que la finca —presuntamente propiedad de una ciudadana boliviana llamada Karina Salazar— funciona como punto de arribo para gomones y vehículos robados. Luego, la carga se transfiere a camionetas que ingresan a través de rutas no oficiales, todo a metros del cerco fronterizo instalado por el Plan Güemes. Según Zigarán, la finca cuenta con su propio control perimetral y cobra en efectivo por cada vehículo y bulto que cruza.
La directora nacional de Vigilancia, Virginia Cornejo, reconoció que la finca es “una vieja historia” de contrabando, y que desde Nación están reforzando controles en acompañamiento judicial. Sin embargo, admitió que el lugar sigue siendo un foco de ilegalidad.
Pese a la instalación del alambrado fronterizo, el movimiento en Finca Karina y en la zona contigua continúa sin freno. El principal problema, según Zigarán, es que mientras el paso oficial se cierra, los controles se relajan y el contrabando se encubre en los caminos aledaños: "Se desvió el problema, no se solucionó".
Los vecinos se quejan y los crímenes menores proliferan. No hay patrullas ni presencia constante de fuerzas provinciales. Los delincuentes actúan con impunidad.
