En una decisión que marca un hito en la lucha contra la ludopatía y la protección de los sectores más vulnerables, la Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una ley que prohíbe el ingreso a casinos, bingos, hipódromos y cualquier establecimiento de apuestas a las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) u otros planes sociales.
La medida, impulsada por legisladores del bloque Justicialista Sáenz Conducción, apunta a garantizar que los recursos destinados a las familias necesitadas se utilicen efectivamente para cubrir necesidades básicas y no se dilapiden en el juego.
La normativa, que tuvo un trámite veloz en la Legislatura provincial, cosechó un amplio respaldo en la votación, con solo dos legisladores en contra. La iniciativa responde a una preocupación creciente en Salta: el impacto devastador de la ludopatía en los sectores más desprotegidos, donde los recursos económicos son escasos y las consecuencias de las apuestas pueden agravar la situación de pobreza.
El proyecto, presentado por los diputados Gustavo Dantur y Daniel Segura, pone el foco en el cuidado de los fondos públicos y en la prevención de un problema social que, según los legisladores, afecta no solo a los jugadores, sino también a sus familias y comunidades. “No se trata de limitar libertades, sino de proteger a quienes más lo necesitan. El Estado tiene la obligación de velar por el buen uso de los recursos que entrega a las familias salteñas”, afirmó Dantur durante el debate en la Cámara. El legislador destacó que la ludopatía es un flagelo que “golpea a todos los sectores” y que, en muchos casos, los beneficiarios de planes sociales terminan destinando esos ingresos a actividades que no solo no resuelven sus necesidades, sino que generan un daño económico y social mayor.
La ley establece que los beneficiarios de programas como la AUH, el programa Alimentar, pensiones no contributivas y otros subsidios provinciales o nacionales no podrán acceder a los espacios de juego en toda la provincia. Esto incluye no solo los tradicionales casinos del centro de Salta, como el Casino Golden Dreams, sino también las salas de tragamonedas que proliferan en localidades del interior, los bingos y los hipódromos, como el de la capital o el de la Feria de Güemes. La medida también abarca las plataformas de apuestas online, un sector en auge que preocupa especialmente por su accesibilidad y su impacto en los jóvenes.
En el recinto, los argumentos a favor de la ley resonaron con fuerza. Daniel Segura, coautor del proyecto, fue contundente al describir a los casinos como “fábricas de pobreza” que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas. “Las maquinitas están diseñadas para que siempre gane la casa. Dan un premio de vez en cuando para enganchar, pero el resultado es siempre el mismo: más deuda, más desesperación, más familias destruidas”, expresó. Segura también hizo hincapié en la realidad de los pueblos del interior de Salta, donde las salas de juego suelen estar a pocos metros de los barrios más humildes, convirtiéndose en una tentación constante para quienes buscan una salida rápida a sus problemas económicos.
La preocupación por la ludopatía no es nueva en Salta, pero esta ley representa un paso concreto para abordarla desde una perspectiva social. Según datos de organizaciones que trabajan en la prevención de adicciones, el juego compulsivo ha crecido en los últimos años, especialmente entre los jóvenes y las personas de bajos ingresos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que un jugador patológico puede arrastrar a su entorno familiar y social a una espiral de problemas económicos y emocionales, afectando en promedio a seis personas cercanas. En Salta, donde la pobreza afecta a más del 40% de la población según las últimas estadísticas del INDEC, la protección de los recursos de los planes sociales se vuelve una prioridad para evitar que las familias caigan en una situación aún más precaria.
La implementación de la ley no estará exenta de desafíos. Los operadores de casinos y salas de juego deberán establecer mecanismos para identificar a los beneficiarios de planes sociales y restringir su acceso, lo que podría incluir la consulta de bases de datos de la ANSES o de organismos provinciales. Además, se espera que el Ejecutivo provincial reglamente la norma en los próximos meses para definir cómo se aplicará en las plataformas de apuestas online, un ámbito más difícil de controlar. Desde el gobierno de Salta, que encabeza Gustavo Sáenz, se expresó un respaldo tácito a la iniciativa, alineada con las políticas de protección social que buscan fortalecer el impacto de los programas asistenciales.
En el debate legislativo, los argumentos en contra fueron minoritarios, pero no pasaron desapercibidos. Algunos legisladores plantearon que la medida podría interpretarse como una restricción a las libertades individuales, aunque los defensores del proyecto replicaron que el objetivo no es coartar derechos, sino proteger el bienestar colectivo. “No estamos diciendo que la gente no pueda divertirse, pero sí que los recursos de los planes sociales tienen un fin específico: garantizar la comida en la mesa, la educación de los chicos, la salud de las familias. Eso es lo primero”, subrayó Dantur.
La aprobación de esta ley posiciona a Salta como una de las primeras provincias argentinas en tomar medidas concretas contra la ludopatía en el marco de los planes sociales. En un contexto donde el juego, tanto presencial como online, está en expansión, la iniciativa busca sentar un precedente para otras jurisdicciones. En los barrios de la capital salteña, como Villa Mitre, San Remo o Solidaridad, y en los pueblos del interior, como Orán, Tartagal o Cafayate, la noticia fue recibida con opiniones divididas. Mientras algunos vecinos celebran la medida como una forma de proteger a las familias, otros consideran que el foco debería estar en educar y prevenir, más que en prohibir.
En las próximas semanas, se espera que la ley sea promulgada y comience a regir en toda la provincia. Mientras tanto, el debate sobre la ludopatía y el rol del Estado en su prevención sigue abierto. Para muchos salteños, esta normativa es un primer paso hacia un objetivo mayor: garantizar que los recursos destinados a los más vulnerables lleguen realmente a donde deben, sin desviarse en el camino hacia las luces y sonidos de las salas de juego.
